Terrorismo, manipulación y guerras cognitivas: la ambigüedad como arma de poder.

Resumen

El presente documento analiza cómo la ambigüedad en la definición del terrorismo y la manipulación informativa convergen en las llamadas guerras cognitivas, convirtiéndose en herramientas de poder en el panorama geopolítico actual. Se exploran, en primer lugar, las dificultades jurídicas y políticas para definir el terrorismo de forma universal, así como las implicaciones de dicha ambigüedad. En segundo lugar, se examina la instrumentalización política del término “terrorismo” y la utilización estratégica de narrativas y desinformación para influir en la opinión pública y debilitar a adversarios. Finalmente, se proponen respuestas democráticas basadas en el Estado de derecho, la transparencia informativa y el fortalecimiento de la resiliencia social, con el fin de contrarrestar estas amenazas sin comprometer los valores democráticos fundamentales.

Palabras clave

Terrorismo, ambigüedad jurídica, manipulación política, guerra cognitiva, desinformación, respuesta democrática.

Abstract.

Keywords

Terrorism, legal ambiguity, political manipulation, cognitive warfare, disinformation, democratic response.

Introducción.  

En las últimas décadas, el terrorismo ha pasado de ser un fenómeno criminal relativamente acotado a convertirse en un concepto omnipresente en el discurso político y mediático global. Al mismo tiempo, asistimos al auge de formas de conflictividad no convencional, particularmente en el ámbito informativo y psicológico, que algunos analistas denominan “guerras cognitivas”. Ambos fenómenos comparten un elemento clave: la manipulación de la percepción y la ambigüedad deliberada como herramienta para ejercer poder.

En efecto, la falta de un consenso claro sobre qué es terrorismo permite usos políticos discrecionales del término, mientras que la difusión de narrativas parciales o falsas busca influir en la opinión pública y en el comportamiento de sociedades enteras. En este documento se analizan estas dinámicas interrelacionadas. Primero, examinaremos la ambigüedad jurídica en torno al concepto de terrorismo y su aprovechamiento político. Luego abordaremos el papel de las narrativas y la desinformación en las guerras cognitivas contemporáneas. Por último, plantearemos propuestas para fortalecer la respuesta democrática ante estas amenazas híbridas, preservando los principios del Estado de derecho y la verdad factual como pilares de la convivencia.

La ambigüedad jurídica del terrorismo.

No existe aún, a nivel internacional, una definición universalmente aceptada de terrorismo. La comunidad internacional durante décadas ha intentado acordar una caracterización precisa, sin éxito. Cada Estado y organismo maneja su propia definición, a menudo adaptada a sus intereses nacionales. Esta ambigüedad jurídica no es inocua, ya que para algunos expertos, la ausencia de una definición común ha socavado la cooperación internacional contra el terrorismo. Para otros, sin embargo, dicha vaguedad resulta conveniente, pues temen que una definición demasiado estricta podría ofrecer vacíos legales que los terroristas explotarían evadiendo conductas tipificadas.

Esta tensión entre eficacia jurídica y flexibilidad estratégica ha perpetuado la indefinición. La consecuencia es un término “terrorismo” altamente maleable. Según Bermejo y López-Jacoiste (2005), cada actor, administración, jurista, político u organismo internacional, entiende algo distinto bajo la misma palabra, aplicándola con criterios dispares. En palabras de Pau Casanellas, la evolución del concepto ha sido “fruto de una instrumentalización política harto evidente”, que incluso ha desvirtuado su significado originario vinculado al Terror de Estado de la Revolución Francesa. Originalmente, terrorismo aludía al uso sistemático del terror por parte de un régimen (el régimen del Terror jacobino de 1793-94) paradójicamente, hoy se emplea principalmente para designar la violencia contra el poder establecido.

Este vuelco semántico, del terror de Estado al terror subversivo, demuestra cómo el término ha sido moldeado por conveniencias políticas a lo largo del tiempo. De hecho, Casanellas (2020) señala que se ha generalizado un uso extensivo y abusivo de la noción de terrorismo para referirse a casi cualquier desafío violento (o incluso no violento) al monopolio estatal de la fuerza, con la consiguiente estigmatización y criminalización de formas de protesta y disidencia política. En la práctica, esta ambigüedad jurídica abre la puerta a que gobiernos y autoridades apliquen la etiqueta de terrorista de forma discrecional.

Actos de violencia política de muy distinta naturaleza, desde atentados indiscriminados contra civiles hasta sabotajes, pasando por manifestaciones radicales, pueden ser equiparados bajo la misma categoría penal, pese a sus diferencias. Incluso acciones no violentas han sido perseguidas bajo delitos de terrorismo en ciertos contextos. Así, comportamientos como expresar apoyo a un grupo insurgente, difundir propaganda subversiva o simplemente criticar al gobierno han sido procesados como delitos terroristas en países con legislaciones antiterroristas amplias. Esta elasticidad conceptual resulta peligrosa: sin una definición clara, el término puede servir para aniquilar legalmente al adversario, justificando medidas excepcionales al margen de los cauces ordinarios de la ley.

Instrumentalización política

Los gobiernos, democráticos y autoritarios por igual, han sabido explotar el miedo al terrorismo en beneficio propio. La instrumentalización política del fenómeno se manifiesta de varias formas. Por un lado, invocando amenazas terroristas para consolidar poder y recortar libertades civiles. La historia reciente ofrece numerosos ejemplos: tras los atentados del 11-S de 2001, EE.UU. lanzó una “guerra global contra el terror” que sirvió para aprobar leyes extraordinarias de vigilancia masiva y justificar intervenciones militares controvertidas.

En Europa, ataques yihadistas como el de París en 2015 propiciaron estados de excepción prolongados y leyes de emergencia que ampliaron poderes policiales. Si bien tales medidas se presentaron como necesarias para la seguridad, frecuentemente suscitaron críticas por su impacto en derechos fundamentales.

Por otro lado, el término terrorismo se emplea como arma retórica para deslegitimar al adversario político. En regímenes autoritarios es común calificar de terroristas a disidentes, periodistas críticos u opositores pacíficos, equiparándolos falsamente con grupos armados. Esta práctica, denunciada por organismos internacionales, convierte leyes antiterroristas en herramientas de represión interna. Por ejemplo, Amnistía Internacional advirtió en 2024 de un repunte en Rusia del uso indebido de las leyes antiterroristas para reprimir la disidencia, señalando que desde 2013 se había condenado a 3.738 personas por cargos relacionados con terrorismo, más del 90% de ellas sin vínculo con atentados terroristas reales (Amnistía Internacional, 2024).

De modo similar, expertos de la ONU han condenado el abuso crónico de leyes antiterroristas en países como Venezuela para encarcelar a líderes sindicales y voces opositoras bajo acusaciones desproporcionadas de terrorismo (ONU, 2023).

En democracia también existe la tentación de manipular el significado de terrorismo con fines partidistas: en el contexto español, se ha acusado a veces a gobiernos de usar electoralmente el relato antiterrorista, ya sea explotando el dolor de las víctimas de ETA o etiquetando como “kale borroka” (violencia callejera terrorista) disturbios de otra índole para obtener rédito político. Estas dinámicas socavan el debate racional, pues apelan al miedo y al impacto emotivo que conlleva la palabra “terrorismo” para cohesionar apoyos o silenciar críticas. Como resultado, el término pierde precisión y credibilidad, convirtiéndose en un comodín que justifica casi cualquier acción estatal en nombre de la seguridad nacional.

En resumen, la ambigüedad y carga emotiva del concepto terrorismo ofrecen a los actores políticos una poderosa herramienta de doble filo. Permite aglutinar a la sociedad frente a un enemigo común difuso, pero también sirve para justificar derivas autoritarias. La clave radica en la ambivalencia del lenguaje: llamar terrorista a un adversario supone situarlo automáticamente fuera del marco legal ordinario y del campo de la legitimidad política, habilitando respuestas extraordinarias. Esa capacidad de etiquetar al otro con uno de los peores estigmas imaginables confiere a quien define un evidente poder. Por ello, es fundamental escrutar críticamente el uso político del término, exigiendo definiciones precisas y proporcionadas que impidan su abuso.

Narrativa y guerra cognitiva

La lucha por el relato se ha convertido en un frente decisivo de los conflictos modernos. Más allá del campo de batalla físico, hoy las pugnas se libran en la esfera de la información, las ideas y las percepciones. Los Estados y también actores no estatales (grupos terroristas, movimientos extremistas) compiten por imponer sus narrativas, entendidas como marcos interpretativos de la realidad que moldean la opinión pública y las voluntades políticas.

En este contexto emerge el concepto de guerra cognitiva, que alude al conjunto de operaciones dirigidas a influir en la mente de individuos y sociedades para obtener ventajas estratégicas. A diferencia de la propaganda clásica, la guerra cognitiva despliega tácticas más sofisticadas y personalizadas, explotando las redes sociales, los sesgos psicológicos y la sobrecarga informativa para manipular creencias y comportamientos.

El terrorismo mismo siempre ha tenido una dimensión comunicativa, los atentados buscan tanto el daño inmediato como el impacto psicológico y mediático. Grupos como Al-Qaeda o Daesh han elaborado narrativas potentes, de agravio, venganza o utopía religiosa, para radicalizar seguidores y justificar su violencia. Difunden vídeos propagandísticos, revistas digitales y mensajes virales cuidadosamente diseñados para amplificar el terror e inspirar a lobos solitarios (concepto que personalmente no comparto).

Por su parte, los Estados también libran batallas narrativas en conflictos asimétricos, cada bando trata de presentar al otro como “terrorista” u “opresor” y ganar así la legitimidad ante la comunidad internacional y sus propias poblaciones.

La línea entre información, persuasión y manipulación se vuelve difusa en medio de estas guerras del relato. Las guerras cognitivas abarcan un espectro más amplio de acciones coordinadas para degradar la racionalidad del adversario y polarizar a su sociedad. Su objetivo último es lograr que la población objetivo piense y actúe contra sus propios intereses, inducida por narrativas manufacturadas. Como explica el analista Daniel Iriarte, la clave es “convencer a la población sin luchar”, de forma que “la víctima acabe actuando como espera el atacante, incluso en contra de sus propios intereses” (Iriarte, citado en Rojas, 2025). En efecto, si un actor hostil consigue sembrar determinadas ideas, miedos o divisiones en la mente de la sociedad enemiga, podrá vencerla o debilitarla sin necesidad de emplear la fuerza abiertamente. La ambigüedad informativa es central en este empeño: inundar el espacio informativo con mensajes contradictorios, teorías conspirativas, verdades a medias y falsedades completas genera confusión y puede paralizar la capacidad de respuesta de una sociedad.

Un ejemplo contemporáneo lo ofrece la injerencia de potencias extranjeras en procesos democráticos mediante campañas de desinformación en redes sociales. Rusia, en particular, ha desplegado operaciones cognitivas dirigidas a influir en opiniones públicas occidentales: creó ejércitos de trolls y bots para difundir narrativas divisivas durante eventos electorales (como el referéndum del Brexit 2016 o las elecciones estadounidenses), promoviendo la polarización interna.

En el contexto de la guerra en Ucrania, la propaganda rusa ha tratado de presentar a su adversario como el agresor o incluso de generar fatiga e indiferencia ante el conflicto mediante la saturación informativa. Como apunta Iriarte, las plataformas digitales son hoy “el gran campo de batalla” cognitivo, donde Rusia multiplica contenidos a través de cuentas falsas y páginas espejo para eludir prohibiciones, adaptando su mensaje a las vulnerabilidades de cada país. Por ejemplo, promociona distintas narrativas: en Francia azuza el descontento de los chalecos amarillos, en Alemania alimenta a grupos negacionistas del COVID, y en España difunde el relato de que “la UE traiciona sus valores permitiendo la muerte de inmigrantes en el Mediterráneo”. Cada mensaje está dirigido a explotar grietas sociales existentes, con el fin de desestabilizar las democracias rivales y minar la confianza en sus instituciones.

China igualmente libra su propia guerra cognitiva, especialmente centrada en el Estrecho de Taiwán. Pekín invierte ingentes recursos en campañas de influencia para convencer a la población taiwanesa de que la unificación es inevitable y de que resistirse solo les traerá desastre. Al inundar las redes de rumores y narrativas fatalistas, buscan que, en caso de conflicto real, la ciudadanía de Taiwán esté desmoralizada y resignada a capitular sin luchar. Estas tácticas combinan operaciones psicológicas tradicionales, propaganda encubierta y presión diplomática (lo que se denomina “usar la opinión pública, las operaciones psicológicas y la ley para lograr la victoria”).

Estamos pues ante conflictos en que la frontera entre la paz y la guerra se difumina. La fase cognitiva puede darse tanto en tiempos de paz (erosionando sociedades adversarias gradualmente) como acompañar a conflictos, amplificando sus efectos.

Desinformación como arma estratégica.

La desinformación, la difusión deliberada de información falsa o engañosa con fines malignos, se ha consolidado en los últimos años como una potente arma estratégica. En pleno auge de la interconexión digital, manipular narrativas y hechos resulta más barato y menos arriesgado que emplear tanques o misiles, pero puede lograr objetivos estratégicos de gran calado, que no es más que desestabilizar gobiernos, fracturar la cohesión social del enemigo o influir en las decisiones políticas de otro país sin disparar una sola bala.

La analista Carme Colomina resume esta realidad afirmando que “la desinformación es un arma en tiempos de guerra y una amenaza híbrida para la paz”, una herramienta no militar capaz de irrumpir en los espacios civiles y desestabilizarlos, con implicaciones serias para la seguridad local, regional y nacional. Su peligrosidad no radica sólo en el contenido de cada mentira o rumor, sino en el poder de viralización que le otorgan las redes sociales modernas. En efecto, plataformas como X, Facebook, YouTube o Tik-Tok actúan como amplificadores globales que pueden propagar un mensaje engañoso a millones de personas en minutos.

Esta capacidad de penetración masiva convierte a la palabra y la imagen en proyectiles informativos. Ya en 1998, el general ruso Vladímir Slipchenko advertía que “la información es un arma al igual que los misiles o las bombas… la confrontación informativa tendrá un impacto significativo en el futuro de la guerra”. Su predicción se ha cumplido: hoy las ofensivas informativas acompañan o reemplazan a las operaciones militares tradicionales.

La anexión de Crimea en 2014 y la intervención rusa en el este de Ucrania ofrecieron un primer ejemplo de guerra híbrida en la que tropas sin insignias sobre el terreno se complementaban con ataques cibernéticos y una intensa campaña de desinformación para “desautorizar la realidad” en palabras del historiador Timothy Snyder. Antes de los tanques, llegaron las fake news.

La desinformación se emplea de manera táctica para sembrar caos y desconfianza. Algunos de sus efectos buscados son polarizar a la sociedad objetivo (exacerbando divisiones ideológicas, étnicas o religiosas), desmoralizar a la población (convenciéndola de la inutilidad de resistir o de la corrupción irremediable de sus líderes), confundir a la opinión pública (haciendo difícil discernir la verdad, de modo que prolifere la apatía o las teorías conspirativas) y distorsionar la toma de decisiones del gobierno enemigo, por ejemplo, haciéndole creer informaciones falsas sobre amenazas o apoyos populares inexistentes.

En contextos electorales, la desinformación puede inclinar la balanza mediante campañas coordinadas de noticias falsas contra ciertos candidatos o mediante la amplificación de narrativas populistas y emocionales que nublan el debate racional. De este modo, la soberanía popular se ve comprometida, ya que el electorado toma decisiones bajo la influencia de engaños cuidadosamente orquestados. Importante es destacar que la desinformación suele operar explotando las brechas cognitivas naturales como los prejuicios, las emociones y lealtades preexistentes en la audiencia.

Rara vez se logra implantar ideas totalmente nuevas, más bien se refuerzan o distorsionan creencias que las personas ya tenían. Como señala Torres Soriano (2020), la manipulación informativa busca confirmar lo que ciertos grupos ya desean creer, presentando los hechos en esquemas binarios simplificados (buenos contra malos) y apelando a las emociones sobre la razón. Así, las fake news se diseñan a menudo para indignar, asustar o entusiasmar a un segmento específico de la población, activando respuestas viscerales que se contagian rápidamente en la esfera en línea. La superioridad de los hechos sobre las emociones pilar de las sociedades abiertas basadas en el conocimiento, se ve puesta en entredicho (Torres Soriano, 2020).

La tecnología ha multiplicado el alcance de estas tácticas, como bots que automatizan la difusión de bulos, deepfakes (videos falsos ultrarrealistas) que pueden fabricar declaraciones de líderes inexistentes, y algoritmos de recomendación que crean burbujas informativas cerradas donde prolifera la desinformación sin contrapeso. Nos encontramos en una era donde “lo real y lo fabricado se entremezclan” como advertía un reciente análisis, y en la que el volumen de contenido falso amenaza con inundar el espacio informativo, dificultando enormemente la tarea de los ciudadanos de discernir la verdad.

En definitiva, la desinformación se ha incorporado al arsenal estratégico de diversos actores, estatales y no estatales, como un medio barato pero eficaz de avanzar sus agendas geopolíticas. Frente a tan insidioso desafío, cabe preguntarse cómo pueden las sociedades democráticas defenderse sin traicionar los valores que las definen.

Propuesta de respuesta democrática.

Los regímenes democráticos enfrentan el doble reto de combatir el terrorismo y la desinformación sin renunciar a sus principios. A continuación, se delinean una serie de propuestas y medidas, de índole jurídica, política, educativa y tecnológica, orientadas a fortalecer la resiliencia de las sociedades abiertas ante la manipulación y las guerras cognitivas, todo ello dentro del marco del Estado de Derecho y el respeto a las libertades fundamentales:

Definiciones legales precisas y garantistas. Es preciso acotar jurídicamente el delito de terrorismo de forma clara y proporcionada, para evitar interpretaciones arbitrarias. Las leyes antiterroristas deben ceñirse a conductas realmente violentas y gravemente coercitivas, excluyendo expresamente la protesta social pacífica o la disidencia política. Asimismo, se deben establecer salvaguardas de derechos humanos (como control judicial estricto, límites temporales a estados de excepción, etc.) que impidan que la lucha antiterrorista degenere en abuso de poder. Una definición más precisa, incluso si no es universal, al menos a nivel nacional y regional, dificultará la instrumentalización política del término y dará mayor seguridad jurídica.

Transparencia y contranarrativas institucionales. Los gobiernos democráticos han de comunicar con honestidad y transparencia sobre las amenazas de terrorismo y las campañas de desinformación, evitando el alarmismo interesado. Una ciudadanía informada es menos vulnerable a la manipulación. Las instituciones deben desarrollar contranarrativas efectivas que, sin caer en propaganda, desmonten las falsedades difundidas por actores maliciosos. Por ejemplo, aclarar rápidamente los rumores falsos en redes sociales mediante fuentes oficiales creíbles, y explicar el contexto real de los eventos para desactivar el efecto del miedo que buscan los terroristas y propagandistas. La comunicación de crisis, por tanto, debe reforzarse para que la primera versión de los hechos que alcance al público no sea la del adversario.

Educación mediática y pensamiento crítico. A largo plazo, la mejor defensa contra la guerra cognitiva es una sociedad formada en pensamiento crítico. Se propone incorporar programas de alfabetización mediática en la educación formal y en campañas públicas, enseñando a los ciudadanos cómo verificar fuentes, reconocer sesgos informativos y desacreditar noticias falsas. Del mismo modo, promover el debate abierto y el pluralismo informativo ayuda a que la población esté expuesta a múltiples perspectivas y desarrolle anticuerpos contra la desinformación. Una ciudadanía crítica, capaz de discernir hechos de opiniones y de cuestionar narrativas simplistas, es el antídoto fundamental contra la manipulación mental.

Colaboración público-privada y regulación de plataformas. Teniendo en cuenta que el campo de batalla principal de la desinformación son las rrss y servicios digitales, los Estados democráticos deben colaborar estrechamente con las empresas tecnológicas para frenar los abusos, sin censurar la libertad de expresión legítima. Esto incluye exigir mayores esfuerzos de autorregulación a plataformas como Facebook, X o YouTube para detectar y eliminar cuentas falsas coordinadas, rotular contenido manipulado (por ejemplo, medios controlados por estados extranjeros) y ajustar algoritmos que actualmente priorizan contenido extremo o engañoso porque genera más interacción. La Unión Europea ha avanzado en esta línea con iniciativas como el Código de Buenas Prácticas contra la Desinformación y con marcos legislativos como el reciente Reglamento de Servicios Digitales, que impone mayores responsabilidades a las plataformas en la moderación de contenidos nocivos. Estas medidas deben complementarse con sistemas de alerta rápida y observatorios independientes que monitoricen en tiempo real las campañas de desinformación en curso, para poder responder coordinadamente antes de que causen daño.

Refuerzo de la sociedad civil y periodismo de calidad. Las organizaciones de la sociedad civil, Think Tanks, ONGs, asociaciones de periodistas etc. desempeñan un rol crucial en la lucha contra la manipulación. Es recomendable apoyar (incluso con financiación pública) proyectos de fact-checking y verificación de noticias, plataformas ciudadanas de denuncia de bulos, y redes de expertos que analicen la propaganda enemiga. Un entorno mediático sano y diverso, con medios de comunicación profesionales y éticos, es igualmente vital. Para ello, las democracias deben velar por la sostenibilidad del periodismo de calidad, combatiendo la concentración mediática excesiva, la dependencia de ingresos opacos y la precarización de los periodistas, factores que aumentan la permeabilidad a la desinformación. Fortalecer el ecosistema informativo democrático con medios públicos independientes, medios privados responsables y un sector crítico activo, es dotarse de una armadura frente a los ataques cognitivos externos (Torres Soriano, 2020).

Cooperación internacional y ciber-diplomacia. Las amenazas del terrorismo global y la desinformación trasnacional exceden la capacidad de cualquier Estado por sí solo. Es necesario reforzar la cooperación entre democracias en intercambio de inteligencia, buenas prácticas y asistencia mutua. Organismos internacionales y alianzas (ONU, UE, OTAN, etc.) deben seguir impulsando estrategias conjuntas, por ejemplo: unificar criterios para sancionar a actores estatales que orquesten campañas de injerencia informativa (como se ha hecho contra medios y oligarcas vinculados al Kremlin desde 2022), compartir tecnologías de detección de bots y ataques cibernéticos, y promover estándares éticos en el ciberespacio. Del mismo modo, habría que avanzar en acuerdos globales para limitar la proliferación de contenidos extremistas violentos en línea y cortar la financiación de redes terroristas en Internet. Estas acciones colectivas multiplican la eficacia de la respuesta y envían un mensaje político claro de defensa común de la democracia.

En conjunto, las anteriores propuestas buscan mejorar la resiliencia democrática frente a quienes pretenden explotar la ambigüedad y la manipulación. Torres Soriano (2020) destaca elementos como la transparencia, el intercambio de información, el refuerzo de la sociedad civil, la monitorización de amenazas, la disuasión activa y el fortalecimiento de los medios, entre otros, como parte de una “batería” de acciones para proteger a las sociedades abiertas. Se trata de luchar contra el terrorismo y la desinformación democráticamente, es decir, sin adoptar los métodos opacos o coercitivos de aquellos a quienes combatimos. La defensa de nuestros valores ha de ser simultáneamente nuestro medio y nuestro fin.

Conclusiones: el para qué.

A lo largo de este documento hemos examinado cómo la ambigüedad y la manipulación cognitiva se han convertido en armas sutiles pero poderosas. Queda por dilucidar el para qué, ¿con qué fin último se emplean estas herramientas de poder?

La respuesta, en esencia, es el control. Control sobre la definición de la realidad, control sobre el marco legal de lo admisible, control sobre la mente y el comportamiento de las personas.

Cuando un gobierno aprovecha la indefinición del término terrorismo para tildar de enemigo a quien le incomoda, lo que busca es consolidar su dominio, eliminando resistencias bajo el manto de la legitimidad. Cuando un actor malicioso despliega desinformación y narrativas sesgadas en una población rival, pretende dirigir las acciones de esa sociedad o su inacción en beneficio propio, sin que ésta siquiera lo advierta.

La ambigüedad es útil al poder porque crea un terreno resbaladizo en el que es difícil exigir rendición de cuentas: donde todo puede ser terrorismo, nada es inocente, donde la verdad está difuminada, la mentira campa a sus anchas. Así, la ambigüedad jurídica y las guerras cognitivas sirven, en última instancia, para ampliar la zona de maniobra de los actores de poder. Permiten esquivar límites sean legales o morales que en condiciones de mayor claridad no podrían transgredirse sin costo. Un líder autoritario puede perpetuarse encarcelando opositores “terroristas” ante una población confundida y atemorizada. Una potencia extranjera puede erosionar la soberanía de otra nación debilitándola desde dentro, sin llegar a declarar una guerra formal.

En todos estos casos, el propósito es aprovechar la libertad que brinda la incertidumbre: la niebla semántica y factual que impide respuestas firmes. Para las sociedades democráticas, comprender ese para qué resulta crucial. Solo entendiendo las motivaciones detrás de la ambigüedad y la manipulación, es decir, el deseo de poder y control podremos responder de forma adecuada.

La democracia debe, por un lado, despojar a los terroristas y propagandistas de su ventaja estratégica, negándoles el éxito de sembrar el miedo y la confusión. Por otro lado, debe resistir la tentación de imitar sus métodos: si en nombre de combatir el terrorismo caemos en la arbitrariedad jurídica, o si en la lucha informativa caemos en la propaganda y la censura, estaremos concediendo la victoria a aquello que pretendíamos derrotar.

Mantener la coherencia con nuestros valores es parte del para qué, es decir, ¿para qué defendemos nuestras sociedades sino para preservar la libertad, la verdad y el Estado de Derecho? Cada concesión injustificada en esos terrenos alimenta el argumento del enemigo.

En definitiva, la ambigüedad como herramienta de poder solo puede ser neutralizada mediante su opuesto y esa es la claridad. Claridad en las leyes, claridad en la información, claridad en la ética de la acción estatal. La claridad democrática hecha el terror y la mentira. Si algo nos enseña la era de las guerras cognitivas es que la fortaleza de una democracia no reside únicamente en sus armas o en sus votos, sino en la lucidez de sus ciudadanos y en la integridad de sus instituciones. Esa es la meta última de todas las medidas propuestas, empoderar a las sociedades abiertas para que sigan siéndolo, inmunes al veneno de la ambigüedad maliciosa y preparadas para afrontar los desafíos de seguridad sin sacrificar su esencia.

Ana Isabel Díaz Delgado

Directora de Minerva Institute