Burkina Faso, epicentro de un terror que se replica en el Golfo de Guinea

Resumen.

Burkina Faso forma parte de una región que ha sido el epicentro del terrorismo mundial desde 2023. Las muertes por terrorismo han aumentado de forma constante en el país, lo que lo ha convertido en el más afectado por esta violencia en 2023 y 2024. En este proceso, principalmente el JNIM y también el ISSP han provocado que grandes zonas del país se escapen al control del Gobierno con sus ataques, matando a miles de personas y obligando a millones a huir de sus hogares. Se trata de una crisis que no se ha contenido, cuyos efectos han seguido extendiéndose hacia el sur, llegando a los países ribereños del golfo de Guinea: Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana.

Palabras clave
Burkina Faso, Golfo de Guinea, ISSP, JNIM, Yihadista

Burkina Faso, Epicenter of Terror Spreading Across the Gulf of Guinea

Abstract
Burkina Faso is part of a region that has been at the epicenter of global terrorism since 2023. Deaths from terrorism have risen steadily in the country, making it the most affected by this violence in 2023 and 2024. In this process, mainly JNIM and also ISSP have caused large areas of the country to slip out of government control with their attacks, killing thousands of people and forcing millions to flee their homes. This is a crisis that has not been contained, whose effects have continued to spread southward, reaching the countries bordering the Gulf of Guinea: Benin, Togo, Ivory Coast, and Ghana.

Key words
Burkina Faso, Golfo de Guinea, ISSP, JNIM, Yihadista

Para citar este artículo (APA 7ª edición):

I. INTRODUCCIÓN
Situado en el Sahel Occidental (Figura 1), Burkina Faso forma parte de una región que sigue siendo el epicentro del terrorismo mundial desde 2023. Según el Índice Global de Terrorismo de 2025 (Institute for Economics & Peace, 2025), el Sahel ha registrado el 51 % de todas las muertes relacionadas con el terrorismo, ya que alberga cinco de los diez países más afectados por la actividad terrorista en 2024, a saber, Burkina Faso, Mali, Somalia, Nigeria y Níger. Burkina Faso ha atraído una atención cada vez mayor en el ámbito de la seguridad durante la última década, ya que las muertes por terrorismo han aumentado de forma constante, convirtiéndose en el país más afectado por esta violencia en 2023 y 2024.
Figura 1. Mapa del Sahel Occidental.

NordNordWest. (s.f.). [Mapa de la ecorregión AT0713 en el Sahel africano] [Mapa]. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ecoregion_AT0713.svg

En la escalada de Burkina Faso entre los países con mayor impacto por los efectos del terrorismo, la filial de Al Qaeda en el Sahel, esto es, el Grupo de Apoyo al islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), ha alcanzado mayor letalidad que la Provincia del Estado Islámico en el Sahel (ISSP, por sus siglas en inglés). La actividad e implantación territorial de JNIM ha desencadenado que amplias áreas del país escapen al control del gobierno, especialmente las que se localizan al norte, noreste y este de la geografía burkinesa.
Ante tal estado de inseguridad, son miles las personas que han sido asesinadas y millones las que se han visto forzadas a abandonar sus hogares engrosando las cifras de desplazados. El resultado arroja una crisis humanitaria con 2,3 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria, y un funcionamiento condicionado de los servicios con especial incidencia sobre los sistemas educativo y sanitario.
Esta crisis extendida por el Sahel Occidental, ha arraigado principalmente en Mali, Níger y Burkina Faso y ha continuado su expansión hacia el sur penetrando en los países ribereños del Golfo de Guinea: Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana. La porosidad de las fronteras y los espacios naturales protegidos ayudan a las entidades yihadistas en su afán por permanecer ocultas, a la vez que encuentran la posibilidad de intervenir en los tráficos ilícitos que se dan en la región, puesto que Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana representan “un punto de entrada y de tránsito en las rutas del tráfico de armas y de la cocaína y otros estupefacientes” (Garrido Guijarro, 2024).

II. LOS GRUPOS DE LA YIHAD EN BURKINA FASO
Burkina Faso está haciendo frente a una crisis de seguridad que se agudiza conforme las entidades yihadistas dirigen sus ataques contra casi la totalidad del país, con el consecuente espanto de las poblaciones amenazadas. Es principalmente en el norte y en el este del territorio donde la violencia ha arraigado con mayor virulencia, al tiempo que los grupos que subvierten la tranquilidad de los habitantes con sus atentados se benefician de la endeblez de un Estado incapaz de ofrecer seguridad a todos sus ciudadanos.
No obstante, parece preciso tener en cuenta antes de detenerse en el estado de inseguridad que convierte a Burkina Faso en el epicentro del terrorismo yihadista que hasta 2015 no era un país desafiado por la actividad de los grupos yihadistas. Al contrario, dichos grupos tenían un carácter exógeno y “el Gobierno burkinés ejercía de mediador en la zona y su territorio estaba libre de ataques” (Rodríguez, 2017), toda vez que la peor parte de la violencia yihadista recaía sobre dos países limítrofes, esto es, Mali y Níger.

II.1 INICIO DEL TERRORISMO YIHADISTA EN BURKINA FASO
Fue con el secuestro de un trabajador rumano en la mina de Tambao (región del Sahel), Iulian Ghergut, el 4 de abril de 2015 (Jeune Afrique y AFP, 2023), cuando el terrorismo yihadista hizo su aparición en Burkina Faso. No obstante, seis meses después se produjo el que ha sido considerado el primer atentado con víctimas mortales en el país (RFI, 2024), cuando el 9 de octubre un ataque contra la comisaría Samorogouan (región de Hauts-Bassins) se cobró la vida de tres gendarmes y de un civil (RFI, 2015).
Sin embargo, lo que inicialmente fue catalogado por el entonces presidente interino, Michel Kafando, como “acciones aisladas” (Kindo, 2015), progresivamente adquirió mayor envergadura como recuerdan los ataques contra diferentes establecimientos en la capital, Uagadugú. El primero, el 15 de enero de 2016, cuando un comando de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) atentó contra el Hotel Splendid y el café Cappuccino y asesinó a treinta personas. Y el segundo, que aconteció el 13 de agosto de 2017 en el Café Aziz Istanbul al abrir fuego miembros de Ansarul Islam contra los clientes que se encontraban en el lugar. Finalmente, fueron diecinueve las personas que murieron víctimas del atentado (International Crisis Group, 2017).
Entre medias, el 16 de diciembre de 2016 un grupo de unos cuarenta individuos atentó contra el puesto militar de Nassoumbou (región del Sahel) causando la muerte de 12 soldados (Jeune Afrique, 2016). Se trataba del ataque terrorista que hasta esa fecha había golpeado con más fuerza al ejército de Burkina Faso. Aunque en este caso el golpe lo asestaba por primera vez un grupo surgido en el país, esto es, Ansarul Islam (Le Cam, 2017a), y reclamado después de diez días por Ibrahim Malan Dicko (Figura 2), natural de Soboulé, en la región de Soum. De esta manera quedaba oficializada la eclosión de un nuevo grupo yihadista (Charrier, 2017).
Figura 2. Ibrahim Malan Dicko, fundador de Ansarul Islam.

MENASTREAM. (2017, enero 3). [Fotografía de Ibrahim Malan Dicko, fundador de Ansarul Islam] [Imagen en X]. https://x.com/MENASTREAM/status/816397443776573440

Malan Dicko nació hacia 1970. Se formó en escuelas comunes y coránicas en Burkina Faso y Mali, y posteriormente se desenvolvió como imán en Níger. En torno a 2009, había regresado a Burkina Faso dedicándose a la predicación en las aldeas de la región de Soum. Esta labor de proselitismo la compaginó con intervenciones en dos emisoras de radio, cuyas alocuciones fueron calando entre una audiencia cada vez más numerosa atraída por un mensaje contestatario caracterizado por la defensa de la igualdad, la fraternidad y por la oposición al orden social establecido que, “según él, beneficiaba desproporcionadamente a los jefes tradicionales y líderes religiosos en detrimento de la población en general” (Le Roux, 2019).
Con el objetivo de ofrecer ayuda a personas necesitadas, Malan Dicko y un grupo de seguidores fundaron la asociación al Irchad, reconocida oficialmente por las autoridades burkinesas en 2012. La difusión de al Irchad por las aldeas próximas a Djibo (región de Soum) favoreció la divulgación de su doctrina a la vez que viajaba entre Mali y Burkina Faso (Sy, 2023a). Sin embargo, en septiembre de 2013 fue detenido por miembros de la inteligencia maliense y soldados franceses de la Operación Serval en Tessalit, al norte de Mali, en posesión de una importante cantidad de dinero, no siendo puesto en libertad hasta 2015. Año en que entró en contacto con quien se convertiría en su mentor, Amadou Koufa, líder del Frente de Liberación de Macina (FLM).
De regreso a Djibo en 2015, “había cambiado de actitud. Malam se había radicalizado. En Al-Irchad, su extremismo no sentó bien a la mayoría. Él y sus más fervientes seguidores decidieron separarse y crear su propio grupo: Ansaroul Islam” (Le Cam, 2017b). Posteriormente, Malan Dicko y varias decenas de seguidores acudieron al bosque de Foulsaré, en Mali, para recibir adiestramiento de elementos de Amadou Koufa antes de cometer su primer atentado al atacar el destacamento de Nassoumbou (región de Soum) el 16 de diciembre de 2016.
Finalmente, la intervención de tropas francesas a finales de abril de 2017 sobre las bases de Ansarul Islam en el bosque de Foulsaré precipitaron la muerte (Abba, 2017) de Malan Dicko iniciado el mes de mayo, al verse desorientado en la huída y aquejado de diabetes. A partir de ese momento Jafar Dicko (Figura 3) ascendía al liderazgo de la entidad yihadista burkinesa, quien al igual que de Malan, su hermano de mayor, había mantenido contacto con Amadou Koufa.

Figura 3. Jafar Dicko, líder de Ansarul Islam.
Intelligency. (2025, junio 26). [Imagen de Jafar Dicko, líder de Ansarul Islam] [Imagen en X]. https://x.com/Intelligency225/status/1938329585088651679
Por tanto, después de evitar inicialmente los efectos de la violencia yihadista, desde 2015 Burkina Faso fue experimentando una aceleración en el incremento de los atentados en su territorio, los cuales ganaron en intensidad en 2021 “con ataques cada vez más frecuentes y letales, especialmente en el norte saheliano” (Fuente Cobo, 2023), hasta llegar a convertirse en 2023 en epicentro del terrorismo yihadista en el Sahel.
Ansarul Islam impuso un ambiente de terror a finales de 2016 y principios de 2017 en la región de Soum “hasta el punto de que el Estado parecía estar a punto de perder parte del norte” (International Crisis Group, 2017). Sin embargo, la actividad del grupo no se ha quedado constreñida por demarcaciones fronterizas entre países y ha participado en asaltos contra objetivos en el centro de Mali colaborando con unidades del Frente de Liberación de Macina y de Katiba Serma (activa en el centro oriental de Mali, entre las localidades de Tombuctú, Hombori y Gao), de quienes había “recibido considerable apoyo y entrenamiento” (Weiss, 2018).
Superada una crisis que pareció debilitar al grupo, coincidiendo con la sucesión en el liderazgo del grupo de Malan por Jafar Dicko, Ansarul Islam ha protagonizado la ejecución de “secuestros, ataques a símbolos estatales y la colocación de artefactos explosivos improvisados” (West Africa Maps, 2024), además de atentados selectivos e indiscriminados de cierto impacto estratégico, como el que se produjo el 14 de noviembre de 2021 contra el destacamento de gendarmería de Inata (región de Soum), que terminó por cobrarse la vida de 49 gendarmes y 4 civiles (Roger, 2021).
Con la sucesión de ataques que venían soportando las fuerzas de defensa y seguridad, el asalto a Inata (Figura 4) elevó el clima de indignación contra el presidente Roch Kaboré entre la población civil y dentro del estamento militar, que acabaría por derrocarlo con un golpe de Estado (Ochieng, 2022) el 24 de enero de 2022.
Figura 4. Ataque al campamento de Inata el 14 de noviembre de 2021.

Abou Fadima (2021, noviembre 17). [Captura de pantalla del ataque al destacamento de gendarmería de Inata, el 14 de noviembre de 2021] [Imagen en X]. https://x.com/FadimaAbou/status/1461072561794686978

II.2 GRUPO DE APOYO AL ISLAM (JNIM)
Liderado por Iyad Ag Ghali, en marzo de 2017 nace JNIM (Figura 5) a partir de la fusión de cuatro organizaciones yihadistas operativas en la región: AQMI, Ansar Dine, Frente de Liberación de Macina y Al Murabitun. Aunque Ansarul Islam no estaba en el organigrama de la estructura afiliada a Al Qaeda se ha movido dentro de su órbita.

Figura 5. Nacimiento de JNIM con Iyad Ag Ghali en el centro de la imagen.
Malipremier. (2017, marzo 2). [Imagen del momento en el que se anuncia el nacimiento de JNIM el 1 de marzo de 2017, con Iyad Ag Ghali ocupando el lugar central] [Imagen en X]. https://x.com/malipremier1/status/837333652853907460

JNIM ha emergido como la amenaza dominante en el Sahel Occidental, impulsada por sus capacidades para influir y actuar en el entorno sobre el que se desenvuelve, con un desarrollo que, a partir de sus orígenes en 2017, se ha ido extendiendo “desde los bastiones tradicionales del grupo en el norte y centro de Malí hasta las partes occidental y meridional de Malí, la mayor parte de Burkina Faso, partes de Níger y las zonas más septentrionales de Benín, Ghana, Costa de Marfil y Togo” (Nsaibia, 2023) (Figura 6). En ese sentido, los tentáculos de la organización yihadista han alcanzado a casi todas las regiones de Burkina Faso a través de la acción ejercida por sus combatientes que “rondan entre los 5.000 y 6000” (Aguilera, 2025b) en la región.

Figura 6. Expansión de JNIM en el área de actividad (marzo 2017- septiembre 2023).

ACLED. (2023). [Imagen de la expansión de JNIM en el área de actividad (marzo 2017- septiembre 2023). https://acleddata.com/2023/11/13/actor-profile-jamaat-nusrat-al-islam-wal-muslimin-jnim/

Burkina Faso, además, ocupa una posición geográfica central en el proceso de expansión de JNIM hacia los puertos del Golfo de Guinea en el intento de plasmar un corredor territorial desde el centro de Malí hasta el norte de Benín y Togo, lo cual “ofrecería al JNIM acceso indirecto a rutas comerciales internacionales, fuentes de suministro y una base logística regional” (Vidjingninou, 2025).
En esta expansión hacia el sur, la evolución de Ansarul Islam ha contribuido al avance de JNIM favoreciendo el crecimiento de su influencia desde el norte de Burkina Faso hacia el este del país y el suroeste de Níger entre 2017 y 2018. Posteriormente, en la segunda mitad de 2018, JNIM incrementó su actividad en el suroeste de Burkina Faso. Tras lo cual, Costa de Marfil se convirtió en objetivo de la organización yihadista, y experimentó sus primeros ataques a mediados de 2020 como paso previo a la presencia del grupo en Benín y Togo en 2021, con una estrategia caracterizada por el empleo de la guerra de guerrillas y la puesta en práctica de diferentes herramientas para seducir e intimidar a las poblaciones mediante un despliegue de métodos que han incluido un “uso estratégico de la violencia, gobernanza y control de la población, guerra económica y operaciones mediáticas y propagandísticas” (Nsaibia, 2023).
De esta manera, JNIM ha ido influyendo sobre los espacios donde se ha hecho presente y se ha manifestado a través del cobro del zakat (Fuente Cobo, 2025) (impuesto islámico), y de amenazas y ataques contra toda simbología afín a la presencia del Estado y del gobierno. De ahí que se configuraron como objetivos esenciales “las comisarías de policía y gendarmería, las bases y campamentos militares, las alcaldías, las prefecturas y otras instituciones estatales” (Nsaibia, 2023) con el fin de propiciar un vacío de poder para que JNIM pudiera crear una administración paralela que, si bien podría ser rudimentaria en cuanto a los servicios ofrecidos, no quedaba exenta de cierta eficiencia y control sobre las poblaciones.
En primera línea, JNIM se ha mostrado como una organización capaz de lanzar ofensivas en diversos frentes y así impedir la concentración de fuerzas dispuestas a la contención del grupo, a la vez que han imprimido un mayor ritmo (Counter Extremism Project, 2025) a sus ataques para minimizar riesgos y evitar una respuesta contundente de las fuerzas locales como la que se produjo en Djibo (Burkina24, 2023) el 26 de noviembre de 2023, cuando un asalto masivo de JNIM sobre el campamento militar de la ciudad fue repelido con la participación de la fuerza aérea de Burkina Faso, cuya intervención infringió un severo castigo en las filas yihadistas.
No obstante, los ataques de JNIM no se han limitado a objetivos militares y de seguridad, sino que también han atentado contra comunidades en las que ha detectado algún tipo de colaboración con el grupo rival ISSP, con la milicia Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP) o con el ejército, como fue el caso de la masacre de civiles víctimas del asalto ejecutado por JNIM el 24 de agosto de 2024 cuando cavaban una trinchera (Human Rights Watch, 2024d) (Figura 7) para defender la ciudad de Barsalogho (región de Kuilse) de la violencia yihadista.
Figura 7. Civiles construyendo la trinchera en Barsalogho antes del ataque terrorista del 24 de agosto de 2024.

Zagazola. (2024, agosto 26). [Captura de pantalla del vídeo donde se observa a un grupo de civiles excavando una trinchera en el entorno de Barsalogho antes del ataque del 24 de agosto de 2024] [Imagen en X]. https://x.com/ZagazOlaMakama/status/1828101036600365294
Escenarios tan crudos como el acontecido en Barsalogho han situado a JNIM a la cabeza de la violencia terrorista en el Sahel Occidental por su alto nivel de letalidad, y a Burkina Faso en el centro de la diana.
Según datos recopilados por el Índice Global de Terrorismo de 2025 (Institute for Economics & Peace, 2025), en Burkina Faso se produjeron dos de los tres atentados con mayor número de víctimas mortales de 2024 a nivel mundial, y los dos fueron reivindicados por JNIM. El primero, localizado en la citada localidad de Barsalogho, se cobró la vida de al menos doscientas personas, aunque se publicaron estimaciones (Collectif Justice pour Barsalgho, 2024) que elevaron considerablemente la cifra de asesinados referida.
En el noreste de Burkina Faso, el campamento militar de Mansila (región de Liptako), fue el objetivo del ataque perpetrado por miembros de JNIM el 11 de junio de 2024 (Rich y Nasr, 2024). Los 110 militares y 60 civiles asesinados lo convirtieron en el segundo ataque más letal (tercero en todo el mundo) soportado por el país en 2024. Antes de atentar contra las viviendas y la población civil, el grupo fuertemente armado y desplegándose principalmente sobre motocicletas dirigió su ofensiva hacia la posición del ejército burkinés con el fin de eliminar al mayor número posible de soldados y abastecerse de armamento y municiones (Figura 8).
Figura 8. Botín sustraído por JNIM en el ataque al campamento militar de Mansila.

Hervé Doumbia. (2024, junio 15). [Captura de pantalla del vídeo donde JNIM muestra el botín sustraído en el ataque al campamento militar de Mansila el 11 de junio de 2024] [Imagen en X]. https://x.com/almouslime/status/1802035441362927805

En cambio, JNIM a través de la retórica y de sus recursos propagandísticos (Aguilera, 2025b) busca alcanzar legitimidad entre las poblaciones que sojuzga al mostrarse garante frente a los atropellos ocasionados por ISSP, las fuerzas de seguridad y los milicianos del VDP. Esta estrategia puede resultar exitosa conforme la organización sea capaz de acceder a nuevos espacios sobre los que extienda su autoridad y desarrolle, además, una mayor influencia a costa del botín sustraído de los arsenales del ejército asaltados y con la explotación de nuevas zonas donde hacer acopio de recursos para sus integrantes.
Por otra parte, en el intento de expansión de JNIM, la guerra económica (Nsaibia, 2023) que plantea constituye una herramienta orientada al debilitamiento de sus oponentes y a la obtención de oportunidades para expandir su influencia. En esta línea, los atentados contra las infraestructuras elevan las dificultades del Gobierno en la provisión de servicios básicos a sus ciudadanos, con la consecuente pérdida de confianza en unas instituciones incapaces de garantizar un mínimo de seguridad en un entorno caracterizado por condiciones de vida precarias.
Conforme a lo expuesto, la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) menciona los ataques de JNIM al sistema educativo como una forma erradicar “los símbolos de la presencia estatal” y de imponer entre la población sus postulados ideológicos, consistentes en la conformación de un emirato regido por su visión de la sharia (ley islámica). Además, los ataques sobre el mobiliario urbano (Figura 9) e infraestructuras fundamentales como carreteras, puentes, antenas de telecomunicaciones, etc., añaden un castigo adicional a unas economías ya de por sí empobrecidas con el fin de instrumentalizarlas en beneficio propio y desacreditar la autoridad del Estado.

Figura 9. Depósito de agua tiroteado en las cercanías de Tenkodogo (región de Nakambe).

War Noir. (2025, mayo 24). [Captura de pantalla del vídeo en el que se puede apreciar el destrozo ocasionado por JNIM contra el equipamiento urbano en uno de los ataques contra aldeas cercanas a Tenkodogo] [Imagen en X]. https://x.com/war_noir/status/1926364132602773509

En su proyecto de expansión territorial, los ataques de JNIM perseguirían el debilitamiento de la autoridad del gobierno en Burkina Faso con atentados muy mediáticos por el elevado número de víctimas que incluyen y el nivel de destrucción que llevan aparejados. Ambas realidades coincidieron en el entorno de Nassougou (RFI, 2024), en el este de Burkina Faso, entre las ciudades de Fada N´Gourma (región de Goulmou) y Diapaga (región de Tapoa), cuando un convoy militar fue asaltado el 8 de agosto de 2024 y sufrió más de 140 bajas entre sus integrantes, además de considerables pérdidas materiales al regresar de una misión de abastecimiento a la mina de oro de Boungou.

II.2.1 EL FRENTE DE LIBERACIÓN DE MACINA (FLM)
La amplia capacidad operativa de JNIM está asociada a los diferentes subgrupos que se integran en el entramado de la organización yihadista, lo cual les facilita alterar los equilibrios de seguridad, y avivar las tensiones entre grupos de diferente origen étnico para penetrar en ámbitos locales e incorporarse a las estructuras sociales, “implementando diversas formas de gobernanza en la sombra a través de acuerdos con los líderes locales” (Fuente Cobo, 2025) a quienes imponen pactos en sus zonas de influencia.
Dentro de esta esfera de grupos integrados y/o vinculados con JNIM, el Frente de Liberación de Macina, liderado desde su fundación por Amadou Koufa (Figura 10), ha sido una entidad que se ha mostrado muy activa en Burkina Faso al proyectarse hacia el sur desde sus espacios de influencia en el centro de Mali.
Figura 10. Amadou Koufa, fundador y líder del Frente de Liberación de Macina.

Rida Lyammouri. (2018, noviembre 7). [Fotografía de Amadou Koufa, fundador y líder del Frente de Liberación de Macina. Se trata de una imagen propagandística de Al Qaeda que tiene a Amadou Koufa como protagonista] [Imagen en X]. https://x.com/rmaghrebi/status/1060202194870378496

En este avance, el Frente de Liberación de Macina se ha servido de las tensiones entre comunidades para engrosar sus filas con nuevos integrantes y también “ha cometido robos de ganado, quemado aldeas y destruido puentes” (Africa Center for Strategic Studies, 2025), acentuando con ello las precarias condiciones de vida de las poblaciones afectadas que, como último recurso, se han visto empujadas al abandono de sus hogares.
Por lo tanto, el Frente de Liberación de Macina ha empleado sus bases en el centro de Mali para atacar el sur del país y para abrirse camino en Burkina Faso, donde las posiciones de los yihadistas en la región de Guiriko (oeste de Burkina Faso) han favorecido los asaltos en suelo maliense, del mismo modo que han facilitado incursiones en territorio burkinés. Permitiendo también ampliar el teatro de operaciones hacia las regiones del suroeste.
Así, el 4 de abril de 2025, un numeroso grupo del Frente de Liberación de Macina atacó una base del ejército burkinés en Sindorla (región de Guiriko, oeste de Burkina Faso) causando un importante saldo de bajas entre los soldados (Wamaps, 2025b), además de saquear e incendiar las instalaciones defensivas. Después del asalto, los atacantes retornaron con el botín sustraído a la región de Sikasso (sur de Mali) desde la cual habían lanzado la ofensiva.
En otro ejemplo de movimientos transfronterizos, miembros del Frente de Liberación de Macina atacaron diversas aldeas del valle de Sourou (región de Sourou) entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 2025 (Wamaps, 2025a). Los yihadistas lograron recomponerse en la región de Mopti (centro de Mali) tras ser sometidos a una intervención conjunta protagonizada por tropas del ejército de Burkina Faso y de milicianos de los VDP que implicó la liberación del valle de la amenaza del Frente de Liberación de Macina. Sin embargo, una vez concluida la operación antiterrorista en la zona, los soldados retornaron a sus bases y las poblaciones quedaron indefensas ante la violencia de los atacantes, quienes terminan cobrándose la vida de un abultado número de civiles y los hogares quedaron expuestos al saqueo.
Por otra parte, las zonas de influencia donde operan el Frente de Liberación de Macina y el resto de entidades vinculadas y/o integradas en JNIM ofrecen flexibilidad de desplazamiento entre los grupos e incluso la unión de fuerzas para practicar ataques contra tropas enemigas. Es lo que ocurrió el 26 de noviembre de 2023 en el frustrado asalto a la base del ejército en Djibo (Wamaps, 2023), cuando miembros del Frente de Liberación de Macina y efectivos de Katibat Serma se sumaron al ataque planteado por Ansarul Islam contra los soldados allí emplazados.

II.2.2 ANSARUL ISLAM
Coincidiendo con las intenciones de JNIM de incrementar la presión hacia el sur (Aguilera, 2025b) de Burkina Faso a la vez que ha persistido en el establecimiento de un estado de inseguridad permanente en el norte del país, dentro de su órbita Ansarul Islam ha jugado un papel fundamental en el mantenimiento del clima de amenaza a través de los ataques lanzados por la organización y los castigos impuestos a las poblaciones mediante asedios (Fodou, 2019).
Prueba de ello han sido los reiterados bloqueos (Médecins Sans Frontières, 2023) a que se ha visto sometida la ciudad de Djibo, los cuales han hecho casi imposible la entrada de personas, mercancías o ayuda de emergencia, donde a la propia inseguridad asociada al tránsito por carretera se sumaron la irregularidad de los vuelos humanitarios que conectaban la ciudad con Uagadugú.
Precisamente, dichas deficiencias de seguridad fueron las que impulsaron a la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) a suspender su actividad humanitaria en Djibo, especialmente cuando en noviembre de 2023 y posteriormente en julio de 2024 “la oficina de MSF, las instalaciones médicas del Ministerio de Salud que MSF apoya y los puntos de distribución de agua fueron objeto de repetidos ataques con armas de fuego” (Médecins Sans Frontières, 2024).
Desde el norte de Burkina Faso, Ansarul Islam ha perseguido extender su influencia desplegando su actividad hacia el sur y el este del país sin conformarse con intervenir en áreas remotas, al ir elevando la presión en posiciones cada vez más cercanas a zonas urbanas importantes como son los casos de Kaya (región de Kuilsá) y Fada N’gourma (región de Goulmou), donde el recrudecimiento de la violencia, especialmente en torno a ambos centros, puede estar abriendo a la posibilidad de un intento de expansión del grupo “más allá de sus bastiones tradicionales” (Wamaps, 2025d) y a favorecer la conexión con Katiba Hanifa en el sureste del territorio burkinés.

II.2.3 KATIBA HANIFA
La Katiba Hanifa (Fuente Cobo, 2023) es el principal grupo de JNIM operativo en el este de Burkina Faso con un área de actividad que se extiende en dirección sur a lo largo de la frontera con Níger, coincidente con la demarcación oriental de las regiones de Sirba y Tapoa, hasta el extremo noreste de Benín. Por lo tanto, influye sobre un territorio estratégico que conecta el Sahel Occidental con la del Golfo de Guinea a través de Benín y Togo.
Los miembros de este grupo aprovechan el refugio que les proporciona el complejo WAP integrado por tres parques nacionales conectados en África Occidental: W, Arly y Pendjari. A partir de la protección que obtienen, los yihadistas de Katiba Hanifa establecen bases que posibilitan su infiltración en Benín y Togo, y la opción de atentar contra corredores de tránsito comercial en la región “buscando explotar e interrumpir el flujo comercial desde los puertos costeros de Cotonú y Lomé” (Africa Center for Strategic Studies, 2025).
En sus atentados (Sippy y Boswall, 2025), Katiba Hanifa actúa contra objetivos civiles y militares. Su actividad, que incluye ataques coordinados, redadas, empleo de explosivos ocultos, secuestros y contrabando transfronterizo, se ve favorecida por la permeabilidad fronteriza que ofrecen Burkina Faso, Níger y Benín.
Al igual que el resto de grupos de JNIM, Katiba Hanifa pretende incrementar su influencia (Wamaps, 2025c) en las zonas donde se muestra activa, tratando de implantar su visión de la sahría y erosionar la autoridad del poder central. De esta manera, favorece unas condiciones adecuadas para imponer su modo de gobierno e incrementar su capacidad operativa, la cual redunda en mayores cotas de inestabilidad con consecuencias directas sobre las poblaciones que se ven obligadas al abandono de sus comunidades, al tiempo que provoca el deterioro de la actividad económica y un empeoramiento de la inseguridad.
El aumento de la actividad de Katiba Hanifa en el norte de Benín (Karr y Tyson, 2025a) tendría como aspiración la consolidación de un espacio de retaguardia que le permita afrontar la presión ejercida por las fuerzas antiterroristas de Burkina Faso y Níger. No obstante, la expansión de la zona de operaciones del grupo lo han ido configurando como una amenaza creciente en la región.
Esta evolución se evidenció con dos ataques acontecidos en 2025 en el departamento de Alibori (norte de Benín), el 8 de enero y el 17 de abril, donde JNIM a través de un grupo adscrito a su estructura batía registros de letalidad en suelo beninés. El primero de ellos se desarrolló en la zona denominada “Point Triple” (Aguilera, 2025a), fronteriza con Burkina Faso y Níger, con el asalto a una posición del ejército beninés que resultó en el asesinato de entre 34 y 36 soldados. Una posterior reacción de las tropas beninesas permitió la neutralización de 40 terroristas.
En el segundo, integrantes de Katiba Hanifa desplegaron ataques simultáneos (Aguilera, 2025d) contra posiciones del ejército beninés en las cataratas de Koudou y en Point Triple, y hacia una patrulla en la carretera a Point Triple. El recuento final de bajas, con 54 soldados asesinados, lo convirtieron en el ataque más grave lanzado contra fuerzas beninesas por parte de integrantes de JNIM.
Entre medias, el 28 de marzo de 2025 miembros de Katiba Hanifa lanzaron un duro ataque contra el campamento militar y la ciudad de Diapaga (región de Tapoa) en el sureste de Burkina Faso (Aguilera, 2025c). Los asaltantes, fuertemente armados y provistos de “drones para monitorear los movimientos” (Zagazola, 2025) de las unidades militares dentro de la base superaron el perímetro defensivo que ofrecía protección al destacamento y acabaron con la vida de más de 60 soldados y VDP. Además, ni la localidad ni sus habitantes permanecieron ajenos a la destrucción, con parte del mobiliario urbano e instalaciones clave saqueadas, calcinadas y destruidas, y decenas de civiles ejecutados. Finalmente, los agresores sustrajeron un cuantioso botín del arsenal militar, con lo que vieron reforzadas sus capacidades para futuros ataques y las posibilidades de expansión en la región.

II.2.4 KATIBA SÉKOU MOUSLIMOU
De la misma manera que Katiba Hanifa representa una amenaza principalmente en la región fronteriza compartida entre Níger y Burkina Faso, y en el noreste de Benín, Katiba Sékou Mouslimou (Kassouin, 2025a) se ha evidenciado como un permanente desafío para la seguridad en su área de influencia, al extender sus acciones desde las provincias de Kompienga (región de Goulmou) y de Koulpélogo (región de Nakambé), en el sureste de Burkina Faso, hasta el norte de Togo y en torno al Parque Pendjari en el noroeste de Benín.
La violencia yihadista que ejerce Katiba Sékou Mouslimou se despliega desde sus bases en las provincias de Kompienga y de Koulpélogo hacia el sur aprovechando la porosidad de las fronteras. De este modo persigue conformar “una zona de amortiguación que debilite la autoridad del Estado y genere condiciones favorables” (Khalfaoui, 2025) para incrementar su influencia y recabar apoyos entre las poblaciones, a través de la interacción (Nsaibia, 2025) y la propagación de su ideología con actos de proselitismo y empleo de mensajes intimidatorios en contra de cualquier colaboración entre la población civil y las fuerzas de seguridad.
Con esa idea de debilitar la autoridad del Estado y promover condiciones que contribuyan a un mayor control sobre sus zonas de apoyo pueden entenderse los ataques contra aldeas indefensas y bases del ejército. De esta manera, en la provincia de Koulpélogo, un día después de la visita de Ibrahim Traoré (presidente de Burkina Faso) a la guarnición de Tenkodogo, el 9 de marzo fueron asesinadas en la localidad de Tissaoghin 27 personas reunidas en la plaza del mercado, incluidos “el jefe de la aldea y cuatro notables” (Wamaps, 2024). Con este atentado, sin embargo, no había concluido la fatalidad para la población de Tissaoghin (Sourou, 2024) ya que justo dos meses después, el 9 de mayo de 2024, un nuevo ataque llevó la devastación a la aldea al ser quemadas numerosas viviendas y cobrarse la vida de 15 lugareños, obligando a sus habitantes a buscar refugio en la ciudad de Ouargaye.
En el intento de contener el empuje de Katiba Sékou Mouslimou, el núcleo fronterizo de Kpékankandi (prefectura de Kpendjal), en el noreste de Togo, ocupa un punto crítico en la seguridad del país al haber asistido a varios enfrentamientos entre el ejército togolés y grupos yihadistas desde el inicio de la serie el 11 de mayo de 2022 (L’Alternative, 2025). El 20 de julio de 2024 el campamento militar soportó un dramático atentado cuando los asaltantes se cobraron la vida de más de 20 soldados. Sin embargo, las tropas allí desplegadas pudieron resarcirse en la noche del 8 al 9 de julio de 2025 al propinar un duro varapalo a quienes participaron en un nuevo ataque, abatiendo a seis individuos e incautaron 49 motocicletas, armas y municiones (Figura 11).
Figura 11. Material requisado por las fuerzas de Togo en Kpékankandi en el ataque repelido durante la noche del 9 de julio de 2025.

m. u. (2025, junio 9). [Imágenes del material requisado por las fuerzas de seguridad de Togo después de repeler el ataque al puesto de control militar de Kpékankandi, el 9 de julio de 2025] [Imagen en X]. https://x.com/secmxx/status/1932121755654750345

Los reiterados ataques de entidades yihadistas contra el puesto defensivo de Kpékankandi vienen determinados por el carácter estratégico de la aldea, asociado a una localización muy próxima a la frontera con Burkina Faso. Además, constituye un lugar de paso en los desplazamientos transfronterizos del grupo integrado en JNIM en el intento de dificultar el interés militar por contener sus zonas de operaciones (Nsaibia, 2025).

II.3 PROVINCIA DEL ESTADO ISLÁMICO EN EL SAHEL (ISSP)
Dirigida desde finales de octubre de 2021 por Abdul Bara al-Sahrawi después de morir en agosto de 2021 su fundador, Abu Walid al-Sahrawi , la Provincia del Estado Islámico en el Sahel (ISSP), anteriormente Estado Islámico del Gran Sahara (ISGS, por sus siglas en inglés), se ha revelado como una entidad muy violenta (Nsaibia, 2024) y activa desde su centro de dominio en las regiones de Gao y Menaka, en el noreste de Mali.
Desde ahí, la operatividad de ISSP le ha permitido extender su influencia hacia el este a lo largo de la frontera con Níger hasta el área de Tillia, en la región de Tahoua. En dirección opuesta, los efectos del grupo se han dejado notar en el noreste de Burkina Faso, donde ha podido consolidarse en las provincias de Oudalan (Africa Center for Strategic Studies, 2025) y de Séno (región de Liptako) a través de atentados dirigidos contra el ejército burkinés y las milicias de los VDP, asaltos a localidades con masacres de civiles, emboscadas en vías de comunicación contra convoyes y refriegas con JNIM, la entidad rival en la carrera por la hegemonía yihadista en la región.
En ese sentido ISSP ha desarrollado un modelo de conflicto caracterizado por actos muy violentos realizados de forma indiscriminada, en los que se da prioridad a la preparación de “emboscadas y las tácticas de enjambre mediante asaltos armados desde motocicletas y vehículos” (ACLED, 2024) que, cuando el objetivo consiste en una base militar, pueden ir cargados de explosivos (Summers Montero, 2020) para dañar tramos del perímetro defensivo desde el que penetrar al interior de las instalaciones para asesinar al mayor número de soldados y saquear los arsenales antes de iniciar la huida con el botín. De esta manera, la entidad yihadista tiene acceso al abastecimiento continuo de armas, explosivos y vehículos, al que contribuyen con otros recursos mediante la coacción, el robo de ganado, y el cobro del zakat.
En el área de confluencia de las fronteras entre Mali, Níger y Burkina Faso, coincidente con la región de Liptako-Gourma, ISSP dispone de un entorno propicio para disponer de seguridad estratégica, motivada por el vacío defensivo que se da en la zona, con poblaciones expuestas a asesinatos, violaciones, saqueos y ultimátum para que abandonen sus hogares a cambio de salvar las vidas, especialmente cuando las “comunidades son sospechosas de colaborar con las autoridades o de tener elementos opuestos al grupo” (Prevost, 2023).
En sentido contrario, ISSP puede permitir a los lugareños permanecer en sus aldeas cuando estos se someten a las normas impuestas por el grupo, pagan el zakat y cumplen con los códigos de vestimenta, sin opción de objetar cuando se apropian de los cereales y del ganado, ya que cualquier resistencia es susceptible de represalias como ocurrió en Seytenga (región de Liptako) cuando en la noche del 11 al 12 de junio de 2022 al menos 86 de sus habitantes fueron ejecutados por miembros de la entidad yihadista guiados por dos confidentes locales (Bazié, 2022). En una sucesión de acontecimientos trágicos el miércoles, 8 de junio de 2022, los asaltantes arramblaron con “cientos de cabezas” (Faivre, 2022) de ganado tras dejar tres personas muertas y dos heridas. Al día siguiente, 9 de junio de 2022, le tocó el turno a la brigada de gendarmería, con once de sus miembros asesinados. Finalmente, a partir del sábado la población se llevó la peor parte víctima de un ataque indiscriminado.
A través de su sistema de gobernanza, ISSP persigue regular los mecanismos de relación con las comunidades subyugadas mediante una mezcla de preceptos represivos y, hasta cierto punto, conciliadores, guiados por una particular visión de la sharía, que es administrada por tribunales “conocidos por sus duros castigos, como decapitaciones, mutilaciones y lapidaciones” (Nsaibia, 2024).
Además, el ensanchamiento del territorio donde ISSP ejerce influencia conlleva el reclutamiento de nuevos afiliados en poblaciones tradicionalmente relegadas, cuyas necesidades han sido aprovechadas por la organización para reforzar sus apoyos. En el ejercicio de esta tarea, la utilización de la dawah (proselitismo), con “actividades que pueden abarcar desde conferencias religiosas hasta eventos o festivales comunitarios basados en los principios islámicos” (Weiss, 2024), desempeña una función valiosa para la entidad ya que le permite transmitir su concepción del Islam y sumar legitimidad dentro de las poblaciones con el fin de afianzar todavía más la imposición de su autoridad, a la vez que permite estrechar vínculos entre los yihadistas y quienes están sometidos a su dominio.
En otro orden de utilidades, para ISSP el empleo de la dawah busca promover juicios negativos sobre JNIM y corregir la propaganda (Figura 12) “dirigida contra ellos y sus operaciones” (Zagazola, 2024) por parte de la filial de Al Qaeda en el Sahel. Todo ello en un contexto de pugna territorial sobre el espacio por el que rivalizan los dos grupos de forma enconada desde 2019, con resultados generalmente “bastante igualados, dependiendo fundamentalmente de quién domine las zonas en las que los enfrentamientos tengan lugar” (Summers Montero, 2020).
Figura 12. Actividades de dawah ejercida por integrantes de ISSP en Burkina Faso.

Zagazola. (2024, abril 5). [Imágenes de actividades de dawah desarrolladas por ISSP en la región de Liptako Gourma para dar a conocer su doctrina y desacreditar a JNIM] [Imagen en X]. https://x.com/ZagazOlaMakama/status/1776282925572526122

La hostilidad (Nsaibia, 2024) mantenida entre los dos principales grupos yihadistas de la región ha obstaculizado la estrategia de crecimiento y el ascenso de ISSP como grupo hegemónico, ya que hasta ahora sólo ha logrado expandir su influencia en el extremo noreste de Burkina Faso, al igual que tampoco ha conseguido extenderse de forma relevante hacia los países del Golfo de Guinea.
No obstante, con la reactivación de sus ataques en la segunda mitad de 2025 contra las fuerzas gubernamentales y contra JNIM, llevando “su presencia al sur del eje Dori-Téra, que hasta entonces delimitaba las zonas de influencia” (Wamaps, 2025e) de sus competidores, el área de actividad de ISSP podría ampliarse si logra consolidar los avances territoriales cosechados.

II. LA EXPANSIÓN DE LA AMENAZA YIHADISTA A LOS PAÍSES DEL GOLFO DE GUINEA
La compleja situación desencadenada por la crisis de seguridad (Garrido Guijarro, 2024) en que se mueve el Sahel Occidental ha ido penetrando en las zonas septentrionales de los Estados ribereños del Golfo de Guinea, esto es, Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana (Figura 13). De este modo, las entidades yihadistas han aprovechado la permeabilidad fronteriza existente entre Burkina Faso y los países costeros para prolongar la violencia y los atentados en sus territorios.

Figura 13. Expansión de JNIM e ISSP en el Sahel y las zonas fronterizas litorales (enero 2023 – febrero 2025).

ACLED. (2025). [Imagen que ilustra la expansión yihadista en las fronteras de Benín-Níger-Nigeria]. ACLED. https://acleddata.com/report/new-frontlines-jihadist-expansion-reshaping-benin-niger-and-nigeria-borderlands

El trasvase del clima de inseguridad hacia los países del Golfo de Guinea (Eizenga y Gnanguênon, 2024) se ha acentuado principalmente en las zonas limítrofes y en los espacios naturales protegidos conjuntamente, como es el caso del complejo WAP, que se extiende dentro de los límites de Benín, Burkina Faso y Níger y se encuentra próximo a Togo, Ghana y Nigeria. Hacia el oeste, en Costa de Marfil, el Parque Nacional de Comoé (Assanvo, 2023) proporciona a los grupos yihadistas la obtención de financiación y de nuevos reclutas, así como la opción de ofrecer a los lugareños lo que ellos mismos les arrebatan gracias a su infiltración en los ámbitos de la ganadería y de la minería artesanal.
Esta expansión de la violencia desde el Sahel hacia las zonas del norte de los países ribereños no es fruto de la casualidad, sino que responde a una lógica meditada por las organizaciones yihadistas al dirigir sus acciones sobre un entorno caracterizado “por una baja densidad de población y una gran abundancia de parques naturales que proporcionan condiciones muy favorables a los grupos extremistas para expandirse hacia el sur” (Fuente Cobo, 2025). Se trata de áreas que tradicionalmente han sido descuidadas por las autoridades y albergan una débil presencia estatal, aunque también son espacios por donde transcurren rutas estratégicas (Kassouin, 2025b) que permiten la conexión entre el Sahel y el Golfo de Guinea.
En este proceso la evolución de la violencia protagonizada por JNIM e ISSP no ha sido la misma en cuanto a intensidad, con indiscutible ventaja de la filial de Al Qaeda sobre su rival. De igual forma, tampoco se ha mantenido el mismo desarrollo en los Estados ribereños del Golfo de Guinea (Figura 14). De esta manera, mientras que los actos violentos (Driessen Cormenzana, 2025) han seguido una línea ascendente en Togo y, particularmente, en Benín desde 2019; en Costa de Marfil estos actos quedaron restringidos a 2020 y 2021 en número reducido. Por su parte, en Ghana siguen sin registrarse atentados de carácter yihadista, si bien el norte del país no parece quedar exento de los efectos derivados de la presencia de estos grupos.
Figura 14. Actos violentos con la implicación de , al menos, un grupo yihadista en los países del Golfo de Guinea.

Driessen Cormenzana, M. (2025, Junio 2). Intensificación y expansión de la amenaza yihadista en el Sahel: implicaciones para España y la Unión Europea. Real Instituto Elcano. https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/intensificacion-y-expansion-de-la-amenaza-yihadista-en-el-sahel-implicaciones-para-espana-y-la-union-europea/

La cercanía de Ghana a la región de Tannounyan (Suuk, 2023), en el suroeste de Burkina Faso, y la frontera compartida con Costa de Marfil, han favorecido en el norte del país la impronta de los grupos adscritos a JNIM, así como un lugar trasfronterizo a dónde huir para obtener refugio y encontrar mercados en los que vender el ganado robado para seguir financiando la compra de armas y dar continuidad a sus ataques en Burkina Faso.
El levantamiento de campamentos en entornos próximos a las demarcaciones fronterizas del norte con Burkina Faso, Togo y Costa de Marfil (Tanko y Courtright, 2024) y la movilización de las fuerzas de seguridad con el objetivo de contrarrestar la actividad de las entidades yihadistas, así como el tráfico ilegal de ganado y otras mercancías propicias para ser contrabandeadas como el combustible y los fertilizantes, se enfrentan con las dificultades propias de caminos y senderos sin vigilancia que hacen de las fronteras líneas que son fácilmente franqueables.
No obstante, a la dificultad que entraña la porosidad de las fronteras para impedir el trasiego de yihadistas, se han añadido denuncias dirigidas hacia las autoridades ghanesas por mostrarse permisivos con los heridos de estos grupos cuando atraviesan desde Burkina Faso con el fin de recibir atención médica en centros de salud de Ghana, además del supuesto desinterés en perseguir a los que utilizan las regiones del norte “para abastecerse de alimentos, combustible e incluso explosivos” (Lewis y Adombila, 2024).
Rechazadas estas acusaciones por el gobierno ghanés, la lógica de quienes dan verosimilitud a esta idea estriba en el propósito de evitar que el territorio se convierta en objetivo de ataques mortales ejecutados por elementos de JNIM, en una estrategia que no quedaría exenta de riesgos, toda vez que las regiones del norte podrían consolidarse como base logística y convertir a las comunidades locales en focos de radicalización y reclutamiento para abastecer las filas de las organizaciones yihadistas.
Todo ello, en un país que también padece vulnerabilidades (Tanko y Courtright, 2024) similares a las explotadas por JNIM en los Estados de la región. Como es el caso de un desarrollo más limitado en los departamentos septentrionales, donde el bandidaje convive con fragmentaciones sociales, al mismo tiempo que prospera un sentimiento de hostilidad hacia los fulani, creando de esta manera el caldo de cultivo del que se nutre la propaganda yihadista.
A diferencia de Ghana, Costa de Marfil sí ha experimentado con mayor crudeza los efectos del terrorismo yihadista en su territorio. El país ribereño sufrió un primer gran atentado en marzo de 2016 cuando miembros de AQMI (Weiss, 2021) mataron a 19 personas en la ciudad de Grand Bassam, situada a 40 km. al este de Abiyán, la ciudad más grande y centro económico de Costa de Marfil. Posteriormente, en 2020 los ataques de grupos yihadistas integrados en JNIM se reactivaron y en 2021 evidenciaron una escalada en las regiones del norte.
Desde entonces, el país costero no había padecido los estragos de un ataque armado en su territorio hasta que en la noche del 24 al 25 de agosto de 2025 una incursión ocasionó víctimas mortales en la aldea de Difita, situada en el departamento de Béhini, aunque sin unos responsables claros a quienes adjudicar la autoría, por lo que la sombra de la sospecha ha recaído principalmente en yihadistas (TRAC, 2025) y en milicianos del VPD procedentes de Burkina Faso (Agenzia Fides, 2025).
Este paréntesis libre de atentados ha generado en el norte de Costa de Marfil un clima de relativa seguridad que “contrasta con la inseguridad en Burkina Faso, lo que ha llevado a que la junta militar burkinesa haya acusado a Abiyán de acoger a terroristas en repetidas ocasiones” (Masoliver, 2025), propagando una incriminación que ha podido verse reforzada al completarse con testimonios expresados por simpatizantes de JNIM que aprecian entre la organización yihadista y las autoridades marfileñas una “comunicación indirecta a través de intermediarios para evitar que la situación se agrave” (Ashlar, 2025a).
Al igual que los demás Estados ribereños del Golfo de Guinea, el norte de Costa de Marfil acumulaba razones que invitaban a los integrantes de los grupos yihadistas a asentarse (Assanvo, 2023) dentro de sus fronteras y a interactuar con quienes allí residían incitados por la carencia de servicios básicos, esto es, carreteras transitables, centros educativos, suministro de agua y atención sanitaria. Por otra parte, la débil presencia institucional ha transmitido a las poblaciones sentimiento de abandono y el deber de acumular por sus propios medios los recursos necesarios para asegurar la vida de las familias. De ahí que hayan podido acceder a colaborar con estas organizaciones, como única alternativa para no verse desposeídos de los pocos bienes disponibles ante la amenaza que representa la posibilidad de perderlo todo.
En reacción al escenario descrito, a principios de 2022 Costa de Marfil reforzó la presencia militar en las regiones del norte, y desplegó un programa de ayudas (AFP, 2024) dirigido especialmente a los jóvenes de la zona con el objetivo de ofrecerles una formación y alejarlos de las redes de captación yihadistas, en un entorno con fronteras compartidas con Burkina Faso y Mali donde la influencia de estas entidades desprende mayor actividad.
Además, el Estado optó por incrementar las inversiones en infraestructuras (Masoliver, 2023), traducidas en la construcción de nuevas carreteras, hospitales y colegios, acompañadas de la implementación de una estrategia orientada a la integración de las comunidades del norte en el proyecto nacional y el desplazamiento de grupos de población propensos a ser reclutados por los grupos yihadistas. Estas políticas, unidas a la concesión de subvenciones y de ayudas al empleo orientadas a sectores de la población más proclives a ser alistados, han dificultado en Costa de Marfil que JNIM plante “las semillas de una insurgencia como lo hizo en Burkina Faso desde Mali, y desde Burkina Faso en Níger y en Benin” (Cruickshank, 2025).
En ese sentido, el avance de la actividad yihadista en Burkina Faso desde el norte hacia el oeste y el este de su geografía no se detuvo en los márgenes fronterizos, ya que al atravesar el contorno del extremo sureste pudo adentrarse en Benín y en Togo. A partir de ese momento, los ataques de los grupos yihadistas han progresado en los dos países, aunque con un ritmo más acentuado en territorio beninés, cuya escalada se inició el primero de mayo de 2019 (Châtelot, 2019) cuando miembros de JNIM asesinaron a un guía local y secuestraron a dos turistas franceses en el Parque Pendjari.
En Togo, sin embargo, el primer atentado yihadista con víctimas mortales se produjo en la noche del 10 al 11 de mayo de 2022 (Coulibaly, 2022) al ser asaltado el puesto militar de Kpékpakandi y perder la vida ocho soldados. Con esta incursión el riesgo de contagio se convertía en una realidad después de otro intento sin daños que lamentar el 9 de noviembre de 2021.
Desde entonces los ataques y los incidentes de seguridad se han multiplicado en ambos Estados confirmando las respuestas (Nasr, 2023) de Abu Obeida Youssef al-Annabi, líder de AQMI, ante las preguntas planteadas por Wassim Nasr. Youssef al-Annabi reivindicó los avances territoriales hacia el sur y el Golfo de Guinea como una expansión sin límites, introduciéndose en los problemas locales para conseguir apoyos entre las poblaciones. En el caso del norte de Togo, la contigüidad de la región de Savanes con el sureste de Burkina Faso y un contexto de vulnerabilidad por la falta de infraestructuras y servicios básicos, junto con los mayores niveles de pobreza (Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, 2025) del país han hecho del entorno el lugar más favorable para que la actividad yihadista se muestre más operativa, y el reclutamiento (Fraternité, 2020) sea considerado por algunos jóvenes como una opción de mejora en su vida.
En el caso de Benín, gran parte de la actividad desarrollada por los grupos yihadistas ha tenido como centro de operaciones el complejo WAP. Con 1,7 millones de hectáreas es el mayor conjunto de ecosistemas de África Occidental, pero también un paisaje remoto a través del cual JNIM ha conducido sus ataques más allá de los límites del parque contando con el respaldo de “un terreno accidentado y fronteras porosas” (Ogunade, 2025), donde el flujo de armas y de municiones ha contribuido al sostenimiento y expansión del ciclo de inseguridad.
En este proceso no han permanecido ajenas las tensiones entre agricultores y pastores en “competencia por el acceso a los recursos naturales” (Werb, 2024). De igual modo, se ha evidenciado la desafección entre las poblaciones locales y el gobierno a causa de la adopción de medidas que impedían explotar los recursos del complejo WAP en favor de otras que buscaban la preservación de su biodiversidad.
La respuesta ofrecida por las entidades yihadistas a tal cúmulo de adversidades ha sido la instrumentalización de las frustraciones que sobrevolaban en el entorno de las comunidades, aprovechada por JNIM para obtener réditos mediante una estrategia más condescendiente. A cambio, los lugareños se convertían en reclutas (Mondafrique, 2023) potenciales, susceptibles de poder engrosar sus filas en una tendencia que ha ayudado a JNIM a sumar nuevos integrantes (Ashlar, 2025a) en Benín conforme ha ido expandiendo su influencia hacia el sur.
Este desarrollo ha permitido a la organización yihadista establecer un segundo frente (Karr y Tyson, 2025b) en el país costero al aprovechar el territorio beninés como plataforma para instalar nuevas células en el centro-norte y en el noroeste de Nigeria. Este escenario concuerda con la percepción de un partidario de JNIM, que ha destacado (Ashlar, 2025b) la importancia del eje estratégico entre Níger, Benín y Nigeria para la organización yihadista, de ahí el control que ejercen sobre su entorno grupos procedentes de Níger y de Burkina Faso, así como remanentes de Ansaru afincados en Nigeria, cuyos miembros se habrían fusionado con JNIM.
Según la fuente anteriormente referida, esta concentración de combatientes en las filas de JNIM habría conseguido reunir “una gran presencia de hermanos en Nigeria”, cuyas bases serían utilizadas para adentrarse en suelo beninés y perpetrar ataques como los tres que se sucedieron en el departamento de Borgou entre abril y septiembre de 2025. El primero se produjo el 21 de abril contra un vehículo blindado del ejército de Benín (Figura 15). En el segundo, el 12 de junio, el objetivo fue el asalto a una posición militar en Basso (Mohammed, 2025), localizado a 17 km. de la localidad nigeriana de Babana. Finalmente, en el tercero los objetivos de los atacantes se habían centrado en la comisaría de policía y en la base militar de Kalalé, el 10 de septiembre. Aunque “durante la incursión saquearon viviendas, robaron motocicletas y vehículos, y secuestraron a seis civiles” (InfoCatólica, 2025).
Figura 15. Vehículo blindado atacado el 21 de abril en el departamento de Borgou, cerca de la frontera con Nigeria.

Sahelintel. (2025, abril 25). [Imagen de un blindado dañado en el departamento de Borgou al ser atacado por miembros de JNIM, posiblemente procedentes del este de Nigeria, el 21 de abril de 2025] [Imagen en X]. https://x.com/Sahelintel1/status/1915662613402341663

Por lo tanto, esta progresión de JNIM desde áreas apartadas y con una débil presencia de la autoridad contribuye al establecimiento de nuevas bases, cuyas ramificaciones amenazan los corredores comerciales y económicos que comunican las regiones del Sahel Occidental con los centros portuarios del Golfo de Guinea. Además, con el despliegue de sus grupos la filial de Al Qaeda accede a los recursos con los que desarrolla su actividad.
Inserta en la ruta que comunica Nigeria con Burkina Faso a través de Benín, y emplazada en una zona neutral entre Benín y Burkina Faso, la localidad Kourou/Koualou ayuda a entender la transversalidad que opera en torno al fenómeno del comercio ilegal de combustible (Naciones Unidas, 2023), con implicaciones que alcanzan a grupos de muy diversa condición y a sectores sociales variados. En este proceso, la población puede adquirir de los traficantes ese producto fundamental para el desarrollo de sus actividades cotidianas a un precio más reducido tras el pago de una retribución por parte de los contrabandistas a integrantes de JNIM, que también extienden su presión sobre la extracción de oro en la zona.
Sin embargo, a pesar del carácter coercitivo que imprimen los grupos de JNIM en los territorios donde ejercen su influencia, los habitantes de estos espacios también han buscado atender sus necesidades logísticas. De esta manera, en algunos lugares del norte de Benín “las economías locales han comenzado a atender más a los militantes, facilitando el comercio ilícito y las operaciones de contrabando” (Nsaibia, 2025), cuyos efectos pueden conllevar un estrechamiento del vínculo social entre las dos partes. No obstante, la interacción de las poblaciones con los yihadistas se da en un ambiente caracterizado por la aplicación de un código de comportamiento inflexible, sin opción para los lugareños de eludir la estricta interpretación de la sharía predicada por los afiliados de Al Qaeda.
De este modo, aun contando con la participación de los miembros de JNIM en los intercambios comerciales locales, se configura una relación de dominio en un clima de inseguridad amenazado por secuestros y robos de ganado, donde los movimientos de las personas se ven limitados y las actividades que son esenciales para su vida y su resistencia, “como la agricultura, la pesca, los mercados y el comercio transfronterizo” (Abatan, 2023), se ven alteradas.
En línea con lo anterior, en la prefectura de Oti-Sud (región de Savanes) los núcleos pesqueros en la ribera del río Oti (Organización Internacional para las Migraciones, s. f.) han estado viviendo en un estado de inquietud continuo, ya que para muchos lugareños los recursos que proporciona el río constituyen una fuente de alimento, ingresos y sentido de la pertenencia. Por contra, el entorno también se ha transformado en un corredor entre Benín y Burkina Faso empleado por los grupos yihadistas para traficar con armas, combustible y alimentos. Esto ha provocado restricciones y controles estrictos por parte de las autoridades, lo cual ha influido sobre los medios de vida de las comunidades y ha enrarecido las relaciones en los pescadores y las fuerzas que combaten las actividades de contrabando.
En el afán por enfrentar la expansión de las entidades yihadistas, desde Togo y Benín se han adoptado medidas de contenido cívico-militar con el fin de contener la propagación de su ideario e influencia. Para ello han desplegado campañas de sensibilización que invitan a la colaboración entre los habitantes de las regiones más amenazadas y las fuerzas encargadas de proporcionarles seguridad, y han intentado acercar servicios sociales básicos a zonas fronterizas. Atendiendo a esta idea, las autoridades togolesas pusieron en marcha la operación militar Kounjoaré con el objetivo principal de “asegurar y defender la frontera norte de Togo” (Ministère des Armées et al., 2022), aunque “también lleva a cabo acciones cívico-militares como consultas médicas gratuitas en beneficio de las poblaciones” (Abatan, 2023), de forma que se sientan confiadas para aportar información que ayude en la lucha antiterrorista.
En el lado de Benín las autoridades apostaron por una policía comunitaria (D’Herbès, 2025), defensora de la unión entre la policía y las comunidades, para abordar con mayor eficacia las precisiones de seguridad de las poblaciones. De igual forma, el ejército también ha considerado la conveniencia de propiciar el acercamiento con los habitantes para ofrecerles atención y promover la cooperación en el manejo de la inteligencia. Además, los responsables locales conocedores de la naturaleza metastásica que acompaña a la actividad de los grupos yihadistas decidieron reforzar las posiciones militares en el norte del país y desplegaron la Operación Mirador con la pretensión de destacar un mayor número de tropas y fortalecer posiciones estratégicas, desde donde vigilar, detener y anular las incursiones yihadistas.
A pesar de los esfuerzos realizados, los países del Golfo de Guinea se enfrentan a un enemigo que optimiza el factor sorpresa gracias a la movilidad de sus batallones en un entorno caracterizado por la porosidad de sus fronteras, de ahí que los grupos que pululan por la región representen una amenaza transnacional (Mbardounka, 2025) y que, como tal, precisen de una reacción acorde al desafío que plantean.
En respuesta al creciente clima de inseguridad que extendía su sombra sobre los países de África Occidental fue creada la Iniciativa de Accra por Ghana, Costa de Marfil, Togo, Benín y Burkina Faso en 2017, con Mali y Níger como observadores. En esencia, ofrecía una apuesta de seguridad cooperativa y colaborativa cimentada en tres pilares: “intercambio de información e inteligencia; capacitación de personal de seguridad e inteligencia; y realización de operaciones militares transfronterizas conjuntas” (Abatan et al., 2019).
Sin embargo, esta iniciativa se ha mostrado inoperativa (Kwarkye, 2025) en los últimos años por la desconfianza surgida entre los Estados miembros, especialmente después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) amenazó con intervenir en Níger para restablecer en el gobierno del país a Mohamed Bazoum, derrocado tras el golpe de Estado en julio de 2023. El amago de la organización regional recibió la frontal oposición de los gobiernos golpistas de Mali y Burkina Faso quienes, junto con Níger, se integraron en la Alianza de los Estados del Sahel (AES) en septiembre de 2023 y abandonaron la CEDEAO en enero de 2025.
El empeoramiento del clima de seguridad hace acuciante la necesidad de impulsar la cooperación entre países, del mismo modo que convierte en urgente el refuerzo de la colaboración (Abatan, 2023) entre el Estado y las comunidades, sin apreciarlas exclusivamente como activos en disposición de información. El compromiso con las poblaciones debe albergar como propósito consolidar la confianza con las autoridades y favorecer una atmósfera propicia para los intercambios, de forma que se tengan en consideración los intereses y requisitos de las personas para poder ser afrontados dentro de un marco temporal viable.

II. UNA POBLACIÓN CIVIL AMENAZADA. INSEGURIDAD, BLOQUEOS Y DESPLAZAMIENTOS.
La crisis multidimensional (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024) en Burkina Faso sigue acentuándose debido al alcance territorial de la violencia que perjudica a la población civil, víctima de violaciones de los derechos humanos y empujada a nuevos desplazamientos, cuyos efectos han ejercido un impacto devastador sobre los damnificados toda vez que han complicado todavía más la disposición de servicios sociales esenciales y el acceso a los medios de subsistencia. Además, la inseguridad ha obstaculizado especialmente el acceso a localidades necesitadas de atención humanitaria, localizadas sobre todo en las regiones con fronteras compartidas con Mali y Níger.

IV.1 INSEGURIDAD
En el proceso de reconquista del territorio sobre el cual el Gobierno ha depositado la mayor parte de los esfuerzos, la población civil (Human Rights Watch, 2022) ha quedado expuesta a los ataques de las entidades yihadistas después del inicio de su actividad en 2016. Desde entonces, las comunidades han sido objetivo de asesinatos, intimidaciones, violaciones y saqueos.
Sin embargo, en medio del combate entre estos grupos y las fuerzas gubernamentales, los habitantes de las localidades también han podido verse represaliados por unidades militares y milicias implicadas en la lucha antiterrorista, y han sido acusadas “por supervivientes y grupos de derechos humanos de atacar repetidamente a civiles sospechosos de cooperar con los yihadistas o simplemente vivir en sus proximidades” (Peltier y Triebert, 2024).
En ese sentido, las operaciones de castigo ejecutadas por soldados y unidades auxiliares que colaboran con el ejército han seguido motivaciones parecidas, al reproducirse en algunos casos contra personas de la etnia Peul, mayoritariamente después de un ataque terrorista contra bases militares y de fuerzas auxiliares. Siendo esto lo que ocurrió:
– En Nouna (región de Sourou) el 30 de diciembre de 2022 (Amnesty International, 2023a), cuando horas después de un atentado practicado por integrantes de JNIM contra un puesto de gendarmería y un campamento de la milicia dozo en la localidad, miembros de los cazadores se posicionaron en algunos de sus barrios y dispararon contra familias peul matando a más de 80 personas.
– En la aldea mossi de Karma (región de Yaadga) el 20 de abril de 2023 (Human Rights Watch, 2023a). En ese día, fueron ejecutadas al menos 156 personas, presumiblemente por soldados de un Batallón de Intervención Rápida (BIR). Según el testimonio de los lugareños, la masacre vino determinada por las sospechas de colaboración con JNIM que albergaban los soldados sobre ellos, después de ser atacada la base de Aeroma cinco días antes y morir asesinados 6 militares y 34 efectivos de los VDP.
– En Bouro (región de Soum) y en Bidi (región de Yaadga) el 3 de agosto de 2023 y el 24 de septiembre del mismo año respectivamente (Human Rights Watch, 2024a), cuando ataques con drones de la fuerza aérea de Burkina Faso provocaron la muerte de al menos 60 personas al lanzarse proyectiles contra un mercado abarrotado en Bouro. Y al disparar contra los congregados en un funeral en Bidi.
– El 25 de febrero de 2024 en Soro y Nondin (región Yaadga). En ambas aldeas, el número de civiles ejecutados por los soldados ascendió a 223 personas (Human Rights Watch, 2024b). Nuevamente, según testimonios de supervivientes, la motivación que condujo a tal masacre fue la sospecha de complicidad con los yihadistas por parte de los residentes, después de producirse un ataque el mismo día contra un campamento militar y de los VDP en las afueras de Ouahigouya, en la región de Yaadga.
– En el sector de Solenzo (región de Bankui), al verse envuelto en otra masacre en la que estuvieron implicados fuerzas de seguridad y miembros del VDP los días 10 y 11 de marzo de 2025 según testimonios de supervivientes (Human Rights Watch, 2025). La excusa ofrecida para matar a 58 personas fue el presunto apoyo ofrecido por la comunidad peul a los yihadistas de JNIM.
Por lo tanto, la virulencia (Masoliver, 2024) con que actúan las fuerzas gubernamentales contra la población civil sospechosa de colaborar con los grupos yihadistas mediante procedimientos correctivos, puede resultar contraproducente en la evolución de la lucha antiterrorista al degenerar en sentimientos de rechazo y de venganza hacia las autoridades, a la vez que puede impulsar a los agraviados a alistarse en las filas yihadistas.
En esa línea, “el surgimiento de milicias de autodefensa respaldadas por el estado, creadas para llenar los vacíos de seguridad nacional y erradicar la amenaza terrorista, también ha llevado a mayores niveles de violencia entre comunidades” (Soto-Mayor y Sawadogo, 2023), donde la utilización de miembros de la comunidad peul entre los grupos yihadistas ha inducido en generalizaciones, cuya estigmatización la explotan JNIM e ISSP en beneficio propio para engrosar sus batallones a través de nuevos reclutamientos.
Situaciones como las desatadas en el sector de Solenzo, en las que estuvieron implicadas fuerzas de la lucha antiterrorista los días 10 y 11 de marzo de 2025, con posterior regodeo junto al ganado saqueado (Salah, 2025) de algunos de los participantes, y la entrada en escena de elementos de JNIM ofreciendo refugio y ayuda (Figura 16) a los supervivientes de la masacre refuerzan el mensaje de protección comunitaria difundido por los yihadistas, a la vez que procuran situarse como garantes en la administración de justicia, en la aportación de ayuda económica y en la protección que ofrecen frente a los abusos cometidos por agentes del Estado. Con esta alteración de papeles, los civiles pueden sentirse empujados a encontrar refugio en aquellos a quienes, precisamente, deberían temer.
Figura 16. Miembros de JNIM repartiendo ayuda entre los supervivientes de la masacre de Solenzo, acontecida entre los días 10 y 11 de marzo de 2025.

intelligency. (2025, junio 2). [Imágenes con miembros de JNIM intentando suplantar al Estado ofreciendo protección a los supervivientes de la masacre ocurrida en el sector de Solenzo los días 10 y 11 de marzo de 2025] [Imagen en X]. https://x.com/Intelligency225/status/1929531019440304518

Los civiles que habitan áreas en disputa corren el riesgo de verse atrapados en medio de un fuego cruzado, sobre el que intentan extraer provecho las entidades yihadistas al ofrecer una supuesta protección a cambio de un estricto cumplimento de la sharía y del pago del zakat. En cambio, la oferta de seguridad que trasladan a las aldeas no está exenta de coacciones (Berger, 2023) sobre las poblaciones, ya que inicialmente se pueden ver presionadas por una campaña de ataques, secuestros y recopilación de información para chantajear a personas opuestas al establecimiento de los yihadistas en la zona.
Con el establecimiento de los grupos yihadistas en el entorno de las comunidades, las intimidaciones pueden atenuarse y el reclutamiento incentivarse. En Gountouri (región de Liptako) algunos de sus habitantes fueron seducidos por discursos conciliadores de predicadores hasta que obligaron a las personas del lugar a pagar el zakat y a cumplir con su visión radical del Islam (Sy, 2023b). Desde entonces los hombres estuvieron obligados a rezar, vestir pantalón corto y mostrar barba larga. Mientras que las mujeres tenían que cubrirse con velo y no podían salir al campo. En cuanto a los jóvenes, se les prohibió estudiar en escuelas laicas. El resultado del proceso acarreó el alistamiento de algunos varones peul en las filas yihadistas y la implantación de un clima de inseguridad y sospecha en la aldea.
Por contra, la insumisión de las poblaciones a los dictados que las entidades yihadistas tratan de imponer pueden implicar duros correctivos y asesinatos en masa (Peltier y Triebert, 2024), especialmente cuando los civiles son considerados afines a la autoridad del gobierno o cuando desacatan la prohibición de enrolarse en las filas de los VDP que combaten junto al ejército de Burkina Faso.
Los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP) representan una fuerza de civiles auxiliares creadas en enero de 2020 por el expresidente Roch Marc Christian Kaboré para reforzar la defensa de las localidades contra las embestidas de los escuadrones yihadistas (Human Rights Watch, 2024c). Posteriormente, tras alcanzar el poder gracias al golpe de Estado del 30 de septiembre de 2022, el presidente Ibrahim Traoré aumentó la fuerza de esta milicia con un incremento de sus unidades siguiendo una estrategia de guerra total contra el terrorismo que, en el lado opuesto, también ha utilizado JNIM como excusa para bloquear y atacar aldeas a las que ha recriminado su apoyo a los VDP. Este fue el caso de Ban (región de Bankui) el 31 de octubre de 2024, al ser atacada y saqueada la aldea, y asesinar a 51 civiles “en aparente represalia contra la comunidad local acusada de unirse a los VDP” (Human Rights Watch, 2025).
Por lo tanto, el gobierno del presidente Traoré, en su estrategia militar (Gerth-Niculescu, 2023a) contra el terrorismo, ha reforzado el alistamiento de civiles integrados en una unidad de combate antiyihadista aunque, no obstante, se ha encontrado con la reacción de las organizaciones yihadistas a través de una intensificación de iniciativas de bloqueo contra las comunidades, planteadas para acentuar su influencia y golpear a las poblaciones que manifiestan complicidad con el ejército y con los VDP.

IV.2 BLOQUEOS
En una táctica empleada desde 2019, los bloqueos consisten en cercos sobre localidades desarrollados por los grupos yihadistas a través del control sobre “las carreteras de acceso circundantes, a menudo utilizando puestos de control, artefactos explosivos improvisados (IED) y amenazas de violencia hacia la población civil y personal humanitario para impedir la circulación de personas y mercancías” (ACAPS, 2025).
Amnistía Internacional “estimó que al menos 46 lugares en Burkina Faso estaban sitiados en julio de 2023 por grupos armados” (Amnesty International, 2023b). En proporciones parecidos se expresó el Consejo Noruego para los Refugiados en su hoja informativa de febrero de 2025, al situar en alrededor de 40 los núcleos de población que “estuvieron bloqueados en 2024, lo que dejó atrapados a aproximadamente un millón de civiles” (Norwegian Refugee Council, 2025).
Durante el proceso en el que desarrollan los bloqueos, la situación puede adquirir tonos dramáticos en localidades aisladas por los yihadistas. En estas condiciones, los residentes son testigos del debilitamiento de los servicios sanitarios, del deterioro del suministro de agua y de la escasez de comida, “porque los yihadistas impiden su acceso a espacios agrícolas y de pastoreo en las afueras de las ciudades” (Gerth-Niculescu, 2023b). Con este escenario, la situación de penuria de las comunidades sólo puede ser paliada mediante convoyes de abastecimiento con escolta militar, no exentos de riesgos (Siribié, 2022), o por vía aérea (Figura 17), aunque los “helicópteros fletados por las Naciones Unidas son limitados y llegan en pequeñas cantidades” (Douce, 2025).
Figura 17. Entrega de 8,5 toneladas de ayuda de emergencia en Djibo.

UNICEF Burkina Faso. (2022, octubre 6). [Imágenes del servicio aéreo humanitario de la ONU haciendo entrega de 8,5 toneladas de ayuda de emergencia en Djibo] [Imagen en X]. https://x.com/UNICEF_Burkina/status/1578064621931470853

La ciudad de Djibo y su entorno, en la región de Soum, conforman un espacio salpicado de actos de violencia. Aunque sus habitantes habían empezado a palpar desde mediados de 2025 cierta vuelta a la normalidad (Sankara, 2025) con los avances que se habían venido produciendo en forma de suministros, retorno de empleados públicos y restauración de la red de telefonía móvil, el ataque de JNIM del 9 octubre de 2025 entre Djibo (Wamaps, 2025f) y Namssiguia contra un convoy del ejército, con un número abultado de bajas entre los soldados, retrotrajo a una escena no deseada.
Es, precisamente, por la recurrente amenaza planteada por JNIM que Djibo ha multiplicado su población por cinco, al pasar de 60.000 habitantes a unos 300.000 (Mednick, 2022). Este acentuado incremento de población se explica por la cantidad de desplazados que han intentado encontrar refugio en la localidad a pesar del devastador asedio (The New Humanitarian, 2024) impuesto por los yihadistas, cuyos efectos han alterado los hábitos de sus pobladores al verse condicionados para comerciar, practicar la ganadería y cultivar. Con estas condiciones, los residentes han asistido a la destrucción (Human Rights Watch, 2023b) de infraestructuras y a restricciones para acceder a bienes y servicios básicos (Figura 18) como suministro eléctrico, atención sanitaria, agua y alimentos, lo cual ha comprometido todavía más la posibilidad de alcanzar unas condiciones de vida dignas.
Figura 18. Habitantes de Djibo enfrentándose a la escasez de agua durante un bloqueo impuesto por JNIM.

Larmes des pauvres. (2022, marzo 14). [Captura de pantalla del vídeo en el que se puede observar a los habitantes de Djibo intentar aprovisionarse de agua durante un bloqueo impuesto por JNIM] [Imagen en X]. https://x.com/Ocisse691/status/1503338525500096515

En Kantchari (Douce, 2025), en la región de Tapoa, localizada en el sureste de Burkina Faso, la escena se repite. Sus habitantes llevan soportando asedios desde hace más de tres años, y dependen de los convoyes organizados por el ejército para tener acceso a suministros. Sin embargo, la imposibilidad de ser abastecidos con regularidad, en cortos espacios de tiempo, hace que las provisiones se acaben con rapidez. Ante esta situación de penuria, algunos residentes se han acercado a JNIM para poder cultivar a cambio del pago del zakat.
En la región de Liptako, en el este de Burkina Faso, la aldea de Solhan (Aguilera, 2021) sufrió en la madrugada del sábado 5 de junio de 2021 un sangriento ataque por un grupo yihadista que acabó con el asesinato de más de 160 personas. Después del ataque también se han sucedido bloqueos que se han extendido en la zona por otros núcleos como es el caso de Sebba (Some y Dagnonko, 2023), a unos 10 kilómetros de Solhan, conduciendo a las poblaciones a un estado de inseguridad alimentaria y obligándolas a mantenerse comiendo hojas de los árboles. Por lo que, ante la falta de soluciones, varias familias de Solhan y de Sebba terminaron sumándose a las filas de JNIM (Figura 19).

Figura 19. Imágenes de la manifestación en Solhan el 20 de septiembre de 2025. Dos días después, algunas familias se unían a JNIM a cambio de comida y medicamentos.

Brant. (2025, septiembre 20 y 22). [Captura de pantalla del vídeo en el que se puede apreciar a los habitantes de Solhan manifestándose el 20 de septiembre de 2025. En el cartel que aparece en primer plano se puede leer: “SOLHAN crie la Faim On a besoin de vivre!!!”. El 22 de septiembre de 2025, algunas familias se unían a JNIM a cambio de comida y medicamentos] [Imagen en X]. https://x.com/BrantPhilip_/status/1970107968462217564

Por lo tanto, una conjunción de factores que engloban el clima de violencia, la escasez de recursos y las limitaciones para acceder a servicios básicos han desencadenado en Burkina Faso una crisis humanitaria (Fuente Cobo, 2023) desde 2019 con desplazamientos masivos de población provocados por el avance de la violencia y el incremento de los ataques contra las comunidades. En esa combinación de factores, los bloqueos (Mednick, 2023) impuestos por las entidades yihadistas, imposibilitando que las poblaciones se puedan mover libremente y dificultando el suministro de provisiones, han acentuado la crisis de desplazamiento.
IV.3 DESPLAZAMIENTOS
Burkina Faso está afrontando una de las crisis de desplazamientos más severas de la región. Según datos publicados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), son “más de 2,1 millones de personas (las que) siguen desplazadas por la fuerza en todo el país” (UNHCR, 2025b), lo cual ofrece una idea de la prolongada y profunda huella que la violencia y la inseguridad están dejando sobre la población civil.
Además, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima en 385.000 los nacionales refugiados en países vecinos, en un contexto complejo e inestable que dificulta el acceso humanitario a los más necesitados (OCHA, 2025). Como ha ocurrido con la afluencia masiva (Le Monde y AFP, 2025) de refugiados burkineses procedentes de la región de Yaadga hacia la ciudad de Koro (Figura 20), en Mali, desde principios de agosto de 2025, cuya acogida se dio en condiciones muy precarias (Studio Tamani, 2025).
Figura 20. Llegada masiva de refugiados burkineses a la ciudad de Koro (Mali).

WADR Francais. (2025, septiembre 4). [Imágenes de la llegada masiva de refugiados burkineses a la ciudad de Koro, en Mali] [Imagen en X]. https://x.com/wadrfrancais/status/1963506094849786208

Frente a una situación de emergencia (UNHCR, 2025b) que va en ascenso, la insuficiente financiación unida a la dimensión y complejidad del problema superan la capacidad de respuesta que se puede ofrecer, de ahí que las dificultades a que se enfrentan los agentes humanitarios vayan en ascenso, aunque las necesidades de alimentación, agua potable y alojamiento se mantengan como esenciales.
En cuanto al acceso a servicios fundamentales, como es el caso de la asistencia sanitaria y la educación, su prestación es propensa a restricciones, sobre todo en comunidades aisladas o bajo la influencia de las entidades yihadistas. Según ACNUR (UNHCR, 2025a), más de 4 millones de personas quedaron apartadas de los controles sanitarios en 2024, al dejar de ofrecer consulta 424 (18%) centros de salud, mientras que en 309 (13%) hospitales el servicio ofrecido era el mínimo. Al mismo tiempo, Burkina Faso ha emergido como el país con mayor cierre de colegios de la región en 2024, con una incidencia directa sobre más de dos millones de niños al localizarse en el país 5319 colegios cerrados de un total de 14.364 en la región del Sahel.
El estado de la inseguridad alimentaria (World Food Programme, 2025a) se ha ido agravando también desde 2019, aumentando desde las 687.000 las personas en situación crítica en el período de junio a agosto hasta alcanzar los 2,3 millones de personas afectadas durante los mismos meses en 2025, apareciendo los desplazamientos y el conflicto como principales desencadenantes de tan preocupante evolución, donde el marco de inseguridad ha hecho muy difícil llegar hasta los entornos aislados.
Así, en el norte de Burkina Faso, en Sollé (región de Soum), un helicóptero fletado por el Programa Mundial de Alimentos (WFP) se vio afectado por una explosión en sus proximidades el 12 de agosto de 2025, causando heridas en un miembro de la tripulación y en un socio gubernamental, y desperfectos en el helicóptero (World Food Programme, 2025b). Como consecuencia del incidente, quedaron suspendidas temporalmente las operaciones aéreas en la zona y se limitaron, todavía más, las posibilidades del WFP de acceder a comunidades remotas.
A pesar de todo, el Estado y, principalmente, el WFP no han desistido en la labor de abastecimiento de los mercados en zonas con graves problemas de seguridad, y entre los meses de junio y agosto de 2025 se pudo observar “una mejora de la oferta gracias a los convoyes seguros (27 de junio en Djibo y 10 de julio en Diapaga) y a la mejora de la accesibilidad de algunos mercados (Titao, Gorom Gorom, Markoye, Barsalogho)” (World Food Programme y SONAGESS, 2025a), en un avance que estuvo acompañado de un incremento de la demanda influenciada por la numerosa concentración de desplazados internos en algunas poblaciones, como ocurrió en varias localidades de la región de Liptako (Markoye, Gorom-Gorom y Dori) y en Diapaga, en la región de Tapoa.
En ese mismo período pudo detectarse el funcionamiento de los mercados en la mayor parte de las capitales provinciales, siendo “abastecidos en las regiones de Liptako, Soum, Sirba, Tapoa, así como en parte de Goulmou, Kuilsé y Yaadga” (World Food Programme y SONAGESS, 2025b). Como contrapunto, muchos mercados secundarios permanecieron inactivos, especialmente en las regiones de Yaadga, Liptako y Kuilse, emplazadas en el cuadrante noreste de Burkina Faso. Mientras tanto, otros mercados como Arbinda, Foutouri y Sebba, en las regiones de Soum, Sirba y Tapoa respectivamente, registraron índices de oferta muy bajos, donde la escasez por la falta de suministros (Agence France-Presse, 2025) produjo un incremento de precios en algunos productos.
Según el informe conjunto (World Food Programme y SONAGESS, 2025b), publicado por el WFT y la empresa estatal SONAGESS, cabe esperar una progresión en el estado de los mercados influidos por una mejoría en el acceso físico a los mercados, el incremento de la oferta asociado a los periodos de recolección, la prolongación de la ayuda del Estado y los socios colaboradores a las personas necesitadas y la vuelta progresiva de los desplazados internos a sus lugares de residencia.
Los ataques de JNIM en las regiones de Djôrô y Tannounyan (Konate, 2025), en el suroeste de Burkina Faso, forzaron la huida de sus habitantes en 2023. Sin embargo, un año después pudieron emprender el viaje de regreso desencadenando que más de cien aldeas fueran recuperadas y reasentadas en ambas regiones, en una labor que también fue acompañada del retorno de servicios sociales básicos, de la apertura de ayuntamientos y del alistamiento en las fuerzas auxiliares de los VDP para contribuir en la defensa de las poblaciones.
En Dassa (región de Nando), en el oeste de Burkina Faso, una sucesión de ataques entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 despobló los siete pueblos de la comuna (Kaba, 2024). No obstante, la presencia de un destacamento militar (Laoundiki, 2023) a partir de marzo de 2023 insufló ánimos en la población para que decidiera volver a sus hogares a pesar del trauma presente en los niños.
Como señal alentadora, el regreso de los desplazados internos a sus poblaciones de origen parece haber ganado impulso. En esa línea, el Ministro de Acción Humanitaria y Solidaridad Nacional (Guelbeogo, 2025) anunció el 5 de agosto de 2025 el retorno de más de un millón de personas desplazadas a sus zonas de origen, lo cual anima a pensar que podría producirse una mejora progresiva de la situación en algunas regiones.
No obstante, conforme a lo transmitido el 1 de septiembre de 2025 (Sidwaya, 2025) con motivo del reasentamiento de 23 aldeas y el regreso de 65.021 personas desplazadas a sus comunidades en la provincia de Banwa (región de Bankui), conviene recordar que la necesidad de asistencia no concluye con la vuelta de los desplazados internos a sus hogares, ya que siguen necesitando ayuda dado el nivel de destrucción que pueden encontrarse.

V. CONCLUSIÓN
En los últimos años, el reordenamiento del panorama geopolítico del Sahel se ha caracterizado por la creciente oposición a la presencia militar francesa en la región y el protagonismo adquirido por Rusia como socio prioritario en el ámbito de la seguridad.
En sintonía con el contexto regional, en el trasvase de agentes externos con influencia sobre el tablero de Burkina Faso, la relevancia adquirida por Rusia, China y Turquía se ha ido incrementando conforme se ha acentuado la decadencia experimentada por, principalmente, Francia y la Unión Europea como socios de seguridad privilegiados.
De forma paralela, las tensiones surgidas entre la CEDEAO y las juntas militares gobernantes en Mali, Burkina Faso y Níger, a raíz de las sanciones impuestas por la institución comunitaria contra los regímenes emanados del triunfo de golpes de Estado, llevó el 16 de septiembre de 2023 a la firma de la Carta de Liptako-Gourma por parte de los líderes de los tres países, con la que quedaba establecida la Alianza de los Estados del Sahel (AES), a la vez que presagiaba el abandono de la CEDEAO por parte de los tres Estados. Decisión que terminó por concretarse el 28 de enero de 2024.
A través de su articulado, los países de la AES establecieron “una arquitectura de defensa colectiva y asistencia mutua” (Burkina Faso et al., 2023), entre cuyos compromisos se encontraba la lucha contra el terrorismo en sus diferentes manifestaciones. Si bien, poco más de dos años después, la inseguridad se prolonga y las entidades yihadistas se mantienen activas en los territorios concernidos.
Burkina Faso esquivó la ofensiva de las entidades yihadistas hasta 2016, aunque fue a partir de 2019 cuando los ataques de estos grupos fueron más reincidentes y mortíferos. Hasta el punto de ejercer una influencia directa en el liderazgo político del Estado, toda vez que el asalto al destacamento de gendarmería en Inata el 14 de noviembre de 2021, y la emboscada perpetrada por el JNIM a poca distancia de Gaskindé el 26 de septiembre de 2022, ambos en la región de Soum, sirvieron de justificación para los subsiguientes golpes de Estado que arrojaron cambios en el gobierno del país, y la llegada al poder del actual presidente, el capitán Ibrahim Traoré, tras derrocar al coronel Paul-Henri Damiba después del alzamiento del 30 de septiembre de 2022.
En su estrategia de conquista del territorio, el presidente Ibrahim Traoré ha optado por una política militarista de lucha antiterrorista caracterizada por la adquisición de material militar, inscrita en la ampliación del número de efectivos del ejército burkinés. De esta manera, al poco de alcanzar el poder la junta militar se organizó el reclutamiento de 3000 soldados y la ampliación en 50.000 nuevos auxiliares integrados en las filas del VDP. Además, el 14 de noviembre de 2022, fueron creados mediante decreto seis Batallones de Intervención Rápida (BIR) que, tras sucesivas ampliaciones, se han incrementado hasta veintiocho con el objetivo de acelerar la reacción ante cualquier amenaza y realizar labores de escolta en convoyes.
Además, en abril de 2023 fue declarada la movilización general para poner a disposición del Estado de todos los recursos precisos en el combate contra las organizaciones yihadistas. Seis meses después, fueron creados los Grupos de Unidades Móviles de Intervención (GUMI) de la policía para hacer frente a las diferentes formas de amenaza, principalmente el terrorismo y el crimen organizado. Y en enero de 2024 fue aprobada por decreto la creación de un Brigada Especial y de Intervención Rápida, en la que se integraban un Grupo de Fuerzas Especiales (GFS) y Grupos de Intervención Rápida (GIR).
Todas estas medidas reflejan en las autoridades una clara voluntad de lucha contra las entidades yihadistas. Sin embargo, la crisis multidimensional en Burkina Faso no ha cesado en su intensificación en conformidad con la amplitud geográfica de los episodios violentos que inciden sobre las comunidades locales, obligándolas a emprender nuevos desplazamientos, al tiempo que son víctimas de reiteradas violaciones.
En un movimiento expansivo de las organizaciones yihadistas, dirigido desde sus bases del norte hacia, principalmente, el noroeste y el este del país, la violencia desatada por estos grupos ha tenido efectos devastadores a lo largo de una tendencia ascendente. Según la secuencia de datos ofrecidos por el Índice Global de Terrorismo desde 2019 (Figura 21), 2023 fue el año en que los ataques terroristas se cobraron un mayor número de vidas en Burkina Faso al alcanzar los 1907 asesinatos. En este contexto, aun pudiendo ser una dato positivo en la evolución de la lucha contra el terrorismo las 1532 muertes de 2024, este descenso apreciado invita a la prudencia, ya que podría deberse a la influencia indiscutida ejercida por las entidades yihadistas en aquellas zonas donde su huella es más profunda.
Figura 21. Muertes por terrorismo en Burkina Faso (2018–2014)

Figura de elaboración propia utilizando visualización generada por IA. Basado en datos del Instituto para la Economía y la Paz (sin fecha).

2024 fue también un año en el que Burkina Faso se mantuvo por tercer año consecutivo como el país del mundo con mayor incidencia a causa de la violencia terrorista, ya que el 20% de todas las muertes identificadas a nivel mundial sucedieron dentro de sus fronteras, con unos niveles de letalidad que se duplicaron al pasar de 7 muertos por atentado en 2023 a casi 14 muertos por atentado en 2024.
Por lo tanto, el descenso en un 21% del número de personas asesinadas de 2023 a 2024, unido al millón de personas de desplazados internos que han regresado a sus pueblos y los avances en el suministro de alimentos en varias localidades, con perspectivas de mejora para los próximos meses, aun siendo datos positivos no deben restar importancia a la persistente inestabilidad que sobrevuela en la mayor parte del territorio de Burkina Faso, donde los ataques se reproducen a diario y, en ocasiones, a no mucha distancia de Uagadugú, como el ocurrido a 100 km de la capital en la localidad de Sabcé (región de Kuilse) el 9 de octubre de 2025. En otras ocasiones, los atentados van acompañados de una virulencia extrema, como así sucedió en la emboscada contra un convoy militar entre Djibo y Namsiguia, también el 9 de octubre.
Además, las buenas noticias asociadas a los reasentamientos no eximen de nuevos incidentes de seguridad en territorios donde las poblaciones han podido retornar a sus aldeas. Sirvan de ejemplo las diecinueve alertas producidas entre el 20 de abril y el 23 de octubre de 2025 en regiones en las que se habían producido reasentamientos como son los casos de Bankui, en el oeste del país, y de Djôrô y Tannounyan, en el suroeste. En esta última región con actos muy crueles contra civiles el 7 de julio de 2025 en Ouéleni o, incluso, con nuevos desalojos de comunidades tras ser atacadas, como ocurrió en Togoba el 19 de septiembre de 2025.
Finalmente, y aún habiéndose anunciado mejoras, el panorama de los mercados localizados en entornos con graves problemas de seguridad se mantiene complejo y depende de convoyes escoltados por personal militar. En este sentido, los problemas de abastecimiento han alimentado en Arbinda (región de Soum), y en Sebba y Solhan (región de Liptako) las protestas de sus habitantes. Al mismo tiempo, ha trascendido la carestía instalada “en Kongoussi, la ciudad más grande de la provincia de Bam” (SahelIntel, 2025), añadiendo un nuevo caso de crisis alimentaria agravada por el conflicto.
Lo cierto es que, desde el inicio de su actividad terrorista en Burkina Faso, las organizaciones yihadistas han situado en el centro de la diana a los civiles, a quienes han atacado reiteradamente y sometido a ejecuciones sumarias, violaciones y saqueos. Del mismo modo, han intentado destrozar sus medios de vida asaltando aldeas, negocios y campos; al igual que han tratado de impedirles el acceso a servicios básicos con el ataque a centros de salud, escuelas e infraestructuras clave destinadas a la provisión de agua, electricidad y transmisión de comunicaciones.
Con el fin de consolidarse en sus bastiones e incrementar la influencia territorial, JNIM ha optado por tácticas de amedrentamiento destinadas al vaciado de las localidades con desplazamientos masivos, o a su rendición a través de la puesta en práctica de embargos para impedir la entrada de alimentos y de ayuda humanitaria en las comunidades. Una vez que consigue quebrar la resistencia de las aldeas, el grupo yihadista impone el zakat, arbitra disputas e introduce normas sociales para reemplazar al Estado en zonas donde su presencia es débil o, simplemente, está ausente. De forma paralela, JNIM busca erosionar el esfuerzo militar a través de una estrategia que incluye la demostración de resiliencia y la táctica de desgaste, con ataques permanentes sobre posiciones aisladas, interrupción de cadenas logísticas e instauración de un escenario de constante amenaza.
Por su parte, ISSP ha destacado por actos de una violencia atroz contra los civiles a la vez que se ha ido abriendo camino la severidad de la tutela ejercida por el grupo sobre las poblaciones afincadas en su área de influencia, cuyos márgenes parecen ampliarse al conducir sus movimientos más allá de la ruta Dori-Téra, que conecta el noreste de Burkina Faso con el suroeste de Níger, y sorprender a las unidades de JNIM en las proximidades de Sebba (región de Liptako) el 16 de septiembre de 2025, propinándoles un duro correctivo.
En su desplazamiento hacia el sur, la introducción de JNIM en Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana al atravesar sus fronteras septentrionales, parece ser el resultado de una estrategia calculada encaminada a la apertura de nuevos frentes en entornos donde el despliegue de soldados ha sido menor y el espacio natural ha brindado el terreno propicio para planificar nuevos ataques. Además, la interferencia de la organización yihadista en las rutas estratégicas que comunican con los puertos de Lomé y Cotonú ofrece al grupo la oportunidad de influir sobre las arterias comerciales que comunican la región del Sahel con el Golfo de Guinea.
Este afán de expansión territorial de JNIM hacia el sur se ha traducido en incursiones violentas cada vez más profundas sobre el territorio beninés. Es por eso que frente al proyecto expansivo de la filial de Al Qaeda las autoridades de Benín y Togo, que son los Estados costeros más amenazados, deben permanecer alertas ante el posicionamiento de células encubiertas en núcleos fronterizos, el uso arbitrario de los conflictos locales y el empleo criminal de las vías transfronterizas para financiar la actividad terrorista a través del contrabando de ganado y combustible, entre otros.
El carácter transnacional asociado al modelo de expansión territorial de JNIM en el Sahel y en África Occidental exige de los estados concernidos un modelo de colaboración que rebase los contornos militares, fomentando “la coordinación en la vigilancia fronteriza y el seguimiento de los flujos financieros” (Kassouin, 2025b) mediante el intercambio de información. Por otra parte, en el orden interno, son indispensables políticas integrales donde la apuesta por una mayor determinación en el terreno de la seguridad y la defensa no limite el desarrollo de nuevas infraestructuras ni la prestación de servicios básicos. Al mismo tiempo, resulta apremiante el buen uso en el desempeño de la gobernanza y de la justicia, de forma que la desconfianza de las poblaciones hacia las instituciones de los Estados se vea atenuada y con ello el aliciente que promueve el alistamiento en las entidades yihadistas.
En las aldeas de Burkina Faso ubicadas en zonas con graves problemas de seguridad los miembros de las entidades yihadistas acuden a los mercados para poder aprovisionarse y vender el ganado robado. Controlan los comportamientos sociales, ejercen el proselitismo e, incluso, administran justicia. Sitúan como objetivo de sus ataques los símbolos del Estado y ejecutan a quienes identifican como colaboradores del ejército o son integrantes de las fuerzas auxiliares. Cualquier señal de alineamiento entre las comunidades y el poder central puede ser motivo de represalias indiscriminadas.
En entornos apartados, sobre todo en el norte y el este del país, la acentuación de la influencia yihadista ha transcurrido paralela a la insignificancia del Estado, donde la acción de las fuerzas de seguridad ha podido verse restringida a incursiones circunstanciales que no permiten asegurar las aldeas ni el territorio que las circunda, cuyos accesos permanecen vigilados desde los puestos de control fijados por unidades yihadistas.
En estas circunstancias se dibuja un escenario en el que la autoridad impuesta por las organizaciones yihadistas “descansa sobre dos pilares inseparables: el terror y la dramática ausencia de servicios públicos” (Olivier de Sardan, 2023), de ahí que resulte apremiante garantizar la seguridad de las poblaciones para enfrentar ambos pilares de manera sincronizada.
Por lo tanto, la vuelta de las instituciones y la puesta en marcha de estrategias de desarrollo deben discurrir en simultáneo con los esfuerzos militares y de seguridad, ya que su efectividad se incrementa cuando las políticas de Estado y los proyectos encaminados al desarrollo se despliegan dentro de un contorno de seguridad sólido y duradero, asegurado con una intervención militar en provecho de las poblaciones.

Nombre y apellidos
Juan Diego Carrillo Molina

Profesor en Junta de Andalucía
Analista en Terrorismo Yihadista

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