Resumen
Los servicios de inteligencia de Rusia e Irán han trasladado a suelo europeo la parte más ofensiva de su actividad: sabotajes, ataques con drones, incendios y asesinatos por encargo. Para ello recurren cada vez más a delincuentes comunes y a «agentes desechables» captados por Telegram, mientras China mantiene un perfil de espionaje tecnológico menos visible pero persistente. Esta escalada coincide con un ciclo electoral exigente (Suecia, España el 29 de noviembre y Francia en abril de 2027) y con un periodo de fuerte tensión social y migratoria. El artículo analiza el modelo de la “violencia como servicio”, su encaje con la desinformación que amplifica crisis internas reales, desde Ceuta hasta los disturbios en el Reino Unido, y la erosión de la confianza en el CNI, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la judicatura como vulnerabilidad estratégica. Concluye con propuestas para reducir el impacto de estas operaciones sobre los procesos electorales.
Palabras clave
Guerra híbrida, Injerencia electoral, Irán, Proxies criminales, Rusia.
FROM SPY TO CRIMINAL
The hybrid offensive against Europe in the midst of an electoral cycle.
Abstract
Russian and Iranian intelligence services have brought the most offensive part of their activity onto European soil: sabotage, drone incidents, arson and contract killings. They increasingly rely on common criminals and «disposable agents» recruited via Telegram, while China maintains a less visible but persistent profile of technological espionage. This escalation coincides with a demanding electoral cycle (Sweden, Spain on 29 November and France in April 2027) and a period of acute social and migratory tension. The article analyses the «violence-as-a-service» model, how it combines with disinformation that amplifies genuine domestic crises, from Ceuta to the riots in the United Kingdom, and the erosion of trust in Spain’s intelligence service, law enforcement and judiciary as a strategic vulnerability. It concludes with proposals to reduce the impact of these operations on electoral processes.
Key words
Criminal proxies, Electoral interference, Hybrid warfare, Iran, Russia.
Para citar este artículo (APA 7ª edición):
C.I, Álvaro. (26/10/2026). Del espía al delincuente. La ofensiva híbrida contra Europa en pleno ciclo electoral. Minerva Institute. Documento de información 36/2026.. Consultado 17/10/2026
Introducción
A mediados de octubre de 2026, el ministro polaco responsable de los servicios de inteligencia, Tomasz Siemoniak, atribuyó sin matices el incendio de una estación de Starlink en Wola Krobowska (Polonia): “No tenemos ninguna duda de que los servicios de inteligencia rusos están detrás de este acto de sabotaje”. La directora del Servicio de Seguridad de la Policía noruega, Beate Gangås, resumía así el clima continental: “Estamos en la situación más grave desde la Segunda Guerra Mundial” (Associated Press, 2026).
No es un incidente aislado: AP contabiliza más de 210 incidentes de sabotaje y actividad hostil vinculados a Rusia en Europa desde febrero de 2022, y la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, denunciaba el 5 de octubre “un repunte de los ataques híbridos rusos, de los intentos de sabotaje y de las violaciones del espacio aéreo” (ThePrint, 2026).
Lo novedoso no es tanto la intención de estos actores como la evolución de sus métodos: los servicios hostiles ya no actúan mediante sus propios operadores, sino que subcontratan parte de las acciones a activos locales. El contexto, además, les ofrece jugosas ventanas de oportunidad, con España convocada a las urnas el 29 de noviembre (Euronews, 2026d) y Francia inmersa en una precampaña presidencial con más de cien operaciones de injerencia detectadas y unas protestas de elevada violencia que, sin duda, tendrán repercusión electoral. Este documento analiza esa convergencia entre violencia por encargo, desinformación y erosión institucional, y plantea cómo minimizar su impacto.
La violencia como servicio: del oficial de inteligencia al delincuente desechable
Durante la Guerra Fría, un sabotaje exigía oficiales entrenados y una logística magistral. Hoy basta un canal de Telegram, unos cientos o miles de euros y un joven sin antecedentes dispuesto a fotografiar una infraestructura, incendiar un almacén o, en casos extremos, apretar un gatillo. Jacek Dobrzyński, de la Agencia de Seguridad Interior polaca, lo resumía con crudeza tras el sabotaje ferroviario de noviembre de 2025: “Los rusos quieren ver hasta dónde pueden llegar sin consecuencias” (NPR, 2026).
Desde la criminología, el modelo responde a una lógica de elección racional de manual: el coste para el Estado patrocinador es mínimo, la negación plausible se multiplica con cada intermediario y el ejecutor, que a menudo ignora para quién trabaja, poco puede revelar si es detenido. Según The Soufan Center, Irán externaliza cada vez más sus atentados “a bandas locales y a individuos que actúan como lobos solitarios”, en lo que el investigador Guy Fiennes denomina “violencia como servicio” (violence-as-a-service). El reclutamiento de adolescentes es deliberado, porque dificulta la exigencia de responsabilidad penal (The Soufan Center, 2026).
El caso más representativo es la red sueca Foxtrot, sancionada por Estados Unidos y el Reino Unido por atentar contra objetivos judíos e israelíes por cuenta de Irán. El 16 de octubre, un tribunal londinense condenó a veinte años de internamiento a Johannes Natland, un noruego de 19 años reclutado por la red para un asesinato por encargo. La policía antiterrorista británica declaró no haber encontrado “ninguna prueba de un vínculo directo con Irán en este caso” (The National, 2026). Esa ambigüedad es precisamente el objetivo del modelo.
En España ese patrón es reconocible. El 9 de noviembre de 2023, Alejo Vidal-Quadras recibió un disparo en la cara a plena luz del día en Madrid. En julio de 2025, el juez Santiago Pedraz procesó por terrorismo a ocho personas, describió una “célula criminal estructurada y jerarquizada” y apuntó a un móvil político vinculado al régimen iraní: intimidar a sus opositores en Europa (Infobae, 2025). El atentado reunía todos los rasgos del modelo: ejecutores contratados, logística transnacional y un inductor fuera del alcance de la justicia española.
Tres actores, tres lógicas
Agrupar a Rusia, Irán y China bajo la etiqueta de “amenaza híbrida” oculta diferencias operativas relevantes.
Rusia persigue la desestabilización y el desgaste del apoyo europeo a Ucrania. En agosto se halló un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig, junto a un avión de carga ucraniano. Berlín lo atribuyó a Rusia y ordenó el cierre del consulado ruso en Bonn (Euronews, 2026a). En el Reino Unido, las instalaciones militares sufrieron unos 340 incidentes con drones entre enero y agosto de 2026, frente a 250 en todo 2025 (Kyiv Independent, 2026). El 15 de junio, el artista disidente ruso Semyon Skrepetsky fue asesinado a tiros en Polonia, aunque el móvil político no está confirmado (Notes from Poland, 2026).
Irán opera con una lógica de coacción y represalia contra opositores, objetivos judíos e israelíes e intereses estadounidenses, espoleado por la guerra con Estados Unidos e Israel. El 8 de marzo estalló un artefacto explosivo en la embajada de Estados Unidos en Oslo, y la policía noruega investiga si se trató de “un encargo de una entidad gubernamental” (Al Jazeera, 2026a). El 27 de septiembre, cinco jóvenes fueron detenidos junto a la base de RAF Fairford, utilizada por bombarderos estadounidenses contra Irán. El Primer Ministro británico acusó “casi con certeza” a la Guardia Revolucionaria iraní del ataque (Shoesmith, 2026).
China, coherente con su doctrina del Frente Unido, prefiere el largo plazo y la discreción, y prioriza la adquisición de tecnología e inteligencia. El 20 de mayo, la Fiscalía Federal alemana detuvo en Múnich a un matrimonio acusado de trabajar para la inteligencia china captando a investigadores en inteligencia artificial y aeroespacial (Euronews, 2026b). En Bélgica fue detenido un exinvestigador de BELGAN por la presunta transferencia de tecnología de chips (Euronews, 2026c), mientras que Noruega acusa a los coches chinos de grabar bases militares y códigos de acceso (Rodríguez, 2026).
Las grietas como objetivo: conflicto social y amplificación
La faceta cinética no puede entenderse sin la informativa. En la mayoría de las ocasiones, los actores maliciosos explotan fracturas preexistentes más que fabricarlas.
Francia ofrece el ejemplo más nítido de provocación física diseñada para avivar el conflicto comunitario. En septiembre de 2025 aparecieron nueve cabezas de cerdo ante mezquitas de la región parisina. Serbia detuvo después a once personas, reclutadas por un compatriota huido que, según su Ministerio del Interior, actuaba “bajo las instrucciones de un servicio de inteligencia extranjero”. Al mismo grupo se le atribuyen pintadas en sinagogas y en el Memorial de la Shoah (Brut, 2025): el objetivo no era una comunidad concreta, sino la convivencia.
La escala ha cambiado con la oleada de protestas contra el coste de la vida del 17 de octubre de 2026. Más de 550.000 personas se manifestaron en Francia y la jornada terminó con saqueos, el ayuntamiento de Limoges en llamas y 1.200 detenidos. Ese mismo día hubo choques en Milán (Al Jazeera, 2026b). Nada indica por ahora que Moscú organizara las protestas: VIGINUM solo había detectado una influencia extranjera mínima en la movilización previa (Europeans Today, 2026). Lo documentado es su explotación posterior. Un informe del 18 de octubre atribuye a la red Matrioshka una veintena de noticias falsas que suplantaban a AFP, Deutsche Welle y Le Monde, aunque concluye que la mayor distorsión procedió de influencers de extrema derecha, sin coordinación probada con los actores estatales (Rayment, 2026). Según el Financial Times, la UE examina si cuentas prorrusas y de extrema derecha difundieron vídeos violentos para alimentar el caos en Francia y en otros Estados miembros (ANSA, 2026). En Italia, el analista Domenico Giordano advierte de que el país está ya «en plena guerra híbrida y cognitiva» (Rutelli, 2026). Un intento ruso deliberado de contagio es una hipótesis plausible, pero aún no demostrada.
En el Reino Unido, un análisis de The Guardian concluyó que más de la mitad de las cuentas de X que publicaban sobre los disturbios raciales de Belfast y los desórdenes de Southampton en 2026 estaban radicadas fuera del país, aunque buena parte de los mensajes más leídos procedía de Estados Unidos y no de Rusia (The Guardian, 2026). El primer ministro Andy Burnham ha anunciado un Centro Nacional de Defensa de la Información y cifra en unos 1.300 millones de libras anuales el gasto del Kremlin en manipulación informativa (The Record, 2026). La lección es reveladora: el ecosistema que amplifica el malestar no es solo ruso.
En España, el caso de referencia es la crisis de Ceuta de finales de julio de 2026, con la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos: un ataque marroquí a la soberanía española producido en plena crisis institucional y de legitimidad del Gobierno. El Hybrid CoE apreció “indicadores de una amplificación coordinada” por actores prorrusos, sin pruebas concluyentes de autoría (Infobae, 2026a), mientras que el Gobierno, de forma cuanto menos interesada, atribuyó el ataque a Rusia, Israel y la internacional ultraderechista (La Voz, 2026). Por su parte, el CNI ha trasladado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que las autoridades marroquíes “eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo” (Infobae, 2026b). Ceuta combina así la instrumentalización migratoria por un Estado vecino con la explotación oportunista de terceros.
Cataluña merece una mención cautelosa. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa incluyó en abril de 2025 el proceso independentista de 2017 entre los casos con “evidencias de interferencia encubierta” rusa (Crónica Global, 2025), y el Parlamento Europeo ya había reclamado una investigación sobre los contactos entre funcionarios rusos y un sector del secesionismo (Parlamento Europeo, 2024). En 2026, canales alineados con la manipulación informativa rusa amplifican en la precampaña la disputa sobre la amnistía (Muñoz, 2026). No hay pruebas de una operación nueva, pero sí de una fractura que se sigue considerando explotable, máxime ante la más que probable vuelta de Puigdemont.
Las urnas en el punto de mira
La coincidencia temporal con el ciclo electoral no es casual. Según VIGINUM, desde el verano se han detectado más de cien operaciones extranjeras contra las presidenciales francesas de 2027, frente a 25 en las europeas y legislativas de 2024. El Servicio Europeo de Acción Exterior registró 540 campañas de manipulación informativa contra Europa en 2025, casi tres de cada diez vinculadas a Rusia y un 6 % a China (Le Singulier, 2026).
En España, un informe del EK Strategic Communications Center recogido por The Objective identifica a redes como Pravda ES, InfoDefense Español o Aquí la Voz de Europa operando ya en la precampaña del 29N. De nuevo, no inventan noticias, sino que se apropian de “una auténtica crisis interna” y combinan las protestas por la vivienda, la deriva del Gobierno, la amnistía, la migración y la presión económica con el relato de que el deterioro del nivel de vida es consecuencia del apoyo a Ucrania (Muñoz, 2026).
El riesgo no reside en la alteración del recuento, improbable en el sistema español, sino en tres efectos acumulativos: la polarización de la agenda de campaña en torno a los temas que más dividen, la deslegitimación anticipada del resultado y, en el escenario más grave, un incidente físico (un sabotaje, un ataque contra un candidato o un disturbio inducido) en las semanas decisivas.
La confianza institucional como infraestructura crítica
De poco sirve blindar infraestructuras si una parte significativa de la ciudadanía desconfía de quienes deben atribuir y perseguir estas operaciones. Según el Cuadro de Indicadores de la Justicia de la UE de 2024, solo el 39 % de los españoles percibía como buena la independencia de jueces y tribunales, lo que situaba a España entre los siete peores de la UE, y el 42 % lo atribuía a injerencias o presiones del Gobierno y de actores políticos (Diario Constitucional, 2025). Es previsible que en 2026 estos datos hayan empeorado.
El desprestigio sistemático de las instituciones, y en particular del CNI, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la judicatura, constituye una vulnerabilidad de primer orden. Su origen es fundamentalmente endógeno, procede de distintos sectores del espectro político y mediático, y solo después las redes extranjeras lo amplifican con la narrativa de un “sistema que fracasa”. El efecto es el que buscaría un adversario: cuando el CNI informa a un juzgado sobre Ceuta o la Guardia Civil investiga una trama, una parte del público ya ha decidido de antemano si creerle o no.
Ceuta mostró también el reverso del problema. El presidente del Gobierno sugirió la implicación de redes vinculadas a Rusia e Israel (Maldita.es, 2026; Público, 2026). Estos estados exigieron pruebas públicamente (El Independiente, 2026; Sánchez, 2026), mientras que diversos informes policiales filtrados apuntaban a la inteligencia marroquí (The Objective, 2026). El tratar la atribución se convierte como munición partidista, de cualquier signo, conlleva la disminución de la credibilidad del Estado, con el efecto de que la siguiente atribución, aunque sea sólida, se recibirá con escepticismo.
¿Qué puede hacerse?
Se proponen cinco líneas de actuación:
Atribución técnica antes que política. España carece de un organismo como VIGINUM que detecte, documente y publique operaciones de injerencia con metodología verificable. Dotar de esa capacidad al Departamento de Seguridad Nacional, con informes técnicos previos a cualquier declaración política, reduciría su instrumentalización.
Un pacto de no instrumentalización durante la campaña. Los partidos podrían canalizar las sospechas de injerencia a través de un mecanismo de alerta temprana compartido y reservado, en lugar de lanzarlas como acusación mediática.
Adaptar el derecho penal al “agente desechable”. La Ley de Seguridad Nacional británica de 2023 tipificó la asistencia a un servicio de inteligencia extranjero (National Security Act, 2023). España debería evaluar si su Código Penal permite perseguir con eficacia a quien comete un delito común (un incendio, una vigilancia) por encargo de una potencia extranjera, y agravar la pena en ese supuesto.
Prevención criminológica del reclutamiento. Si el caladero son jóvenes vulnerables captados en Telegram, la respuesta pasa también por campañas dirigidas a ese público y por la cooperación con las plataformas al amparo de la Ley de Servicios Digitales.
Proteger la credibilidad institucional a toda costa. Reforzar el prestigio de los organismos de inteligencia y seguridad, comunicar regularmente las amenazas y renunciar a desacreditar a jueces, policías y agentes cuando sus decisiones incomodan son medidas de seguridad nacional, no de cortesía.
Conclusiones
Europa afronta una ofensiva híbrida en la que la frontera entre espionaje, crimen organizado y terrorismo se ha difuminado deliberadamente. Rusia sabotea y desgasta, Irán coacciona y castiga a sus opositores, y China acumula conocimiento. Los tres explotan sociedades abiertas, polarizadas y con una confianza decreciente en sus instituciones.
El ciclo electoral de 2026-2027 multiplica la exposición. Las elecciones españolas y las presidenciales francesas sufren ya una presión que previsiblemente aumentará para polarizar, deslegitimar el resultado y, si la ocasión lo permite, provocar un incidente que marque la campaña. El caso de Vidal-Quadras recuerda que España no es un escenario lejano, sino un objetivo ya probado.
La mejor defensa frente al subcontratista desechable no es solo policial: requiere instituciones creíbles, atribuciones rigurosas y una clase política capaz de no convertir cada injerencia en un arma contra el adversario interno. Sin ese consenso mínimo, los servicios hostiles no necesitarán inventar nuestras grietas y les bastará con seguir ensanchándolas.
Alvaro C.I.
Analista de Minerva Institute
26/10/2026
Bibliografía/Referencias
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